Torra dilata la recuperación de las leyes suspendidas por el TC

Una de las promesas más firmes del soberanismo para demostrar que mantiene vigente su desafío independentista es la de volver a aprobar las 14 leyes y normas que el Tribunal Constitucional (TC), a instancias del PP, suspendió en los últimos años. Una de estas, la de pobreza energética y emergencia habitacional, la 24/2015 fue restituida casi en su totalidad fruto de una negociación entre el Govern y el Ejecutivo del PSOE durante la anterior legislatura. El 'president' Quim Torra, en el debate de política general de octubre pasado, puso plazo a la promesa: "Si el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no retira los recursos contra estas leyes sociales las volveremos a aprobar otra vez en el plazo de la resolución que aprobó este Paralment, es decir, en diciembre de este año". El pasado 24 de abril, el Govern confirmó que que estas leyes pendientes no serán aprobadas por el Ejecutivo de Torra hasta el segundo semestre de este año. Tras ello, deberán iniciar su negociación parlamentaria, un proceso que acostumbra a durar meses.

En diciembre, en una respuesta por escrito a la CUP -con quien Junts per Catalunya pactó la resolución citada por Torra-,  el Govern fiaba la suerte de las leyes sociales cercenadas parcialmente por el  TC a la negociación con el Gobierno socialista. El Ejecutivo catalán había emprendido ninguna maniobra para impulsar su efectividad. 

Las cuatro primeras

En enero ese compromiso de recuperación de las leyes se redujo a poner en marcha la memoria preliminar de una ley que englobaba cuatro de las normas suspendidas -la ley de igualdad entre hombres y mujeres, de la Agencia Catalana de Protección Social, de consumidores de cannabis y la del cambio climático- y con un redactado que no colisionara con las objecciones del Constitucional.

Los cálculos del Govern eran entonces tener aprobadas estas cuatro leyes en dos meses y llevarlas Parlament. La voluntad era ograr una interpretación positiva del Gobierno del PSOE y del alto tribunal al nuevo redactado, como sucedió con la ley de pobreza energética y vivienda, en la que ambos gobiernos acordaron que casi todo el nuevo texto encaja en el marco legal.

La "nueva redacción", pendiente

En una respuesta parlamentaria del pasado marzo, el Govern se limita a confirmar que trabaja en "una nueva redacción" de las cuatro primeras leyes cercenadas por el TC para que sus objetivos puedan aplicarse. También indica que la parte de la ley de vivienda todavía bloqueada por el TC -sobre el realojo de familias en riesgo de exclusión residencial- trata de compensarse con alternativas como la ampliación del parque de viviendas públicas o un decreto aprobado por el Govern para fomentar el alquiler. Decreto que la Generalitat no ha sometido a votación en el Parlament por falta de apoyos. Sobre la ley de igualdad alega que trabaja en un decreto para crear el registro de planes de igualdad en las empresas. Y en relación a la de la Agencia Catalana de Protección Social se trabaja "en la preparación del despliegue" de la norma.