Trapero insta al fiscal a pronunciarse ya de si le acusará de sedición

El Tribunal Supremo consideró que la cúpula política de los Mossos y el mayor Josep Lluís Trapero no podían ser juzgados con los líderes del 'procés' y la causa en su contra debía continuar en la Audiencia Nacional. No obstante, era solo cuestión de tiempo que la sentencia que se dictó contra los miembros del Govern del huido Carles Puigdemont Carles Puigdemont repercutiera en el procedimiento. La abogada del exjefe de los Mossos, Olga Tubau, ha instado a la fiscalía a pronunciarse cuanto antes sobre si modificará su acusación de rebelión por la de sedición como marcó el fallo del alto tribunal.

La premura no es baladí, porque el juicio está previsto que comience el próximo 20 de enero y la defensa esgrime un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se respondió a los primeros imputados que hubo en la causa, los líderes de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que la Audiencia Nacional es competente para juzgar las sediciones que "persiguen fines rebeldes" y atenten contra la forma de gobierno.

El escrito fechado el pasado día 11 sostiene que la sentencia del 'procés' atribuyó a Trapero y a la intendente Teresa Laplana "una intervención (una participación añadida) en un hecho ideado por los procesados en la causa seguida ante la Sala de lo Penal del Supremo". Aunque "el veredicto del Supremo no puede predeterminar otros juicios de otras responsabilidades" está claro que "ha establecido" que Trapero y Laplana "supuestamente participarían" en unos hechos que "son legalmente constitutivos de un delito de sedición, sin que puedan tener encaje en el delito de rebelión".

En busca de un referéndum

Según la defensa, la sentencia calificaba así los hechos, entre otros motivos, "porque la finalidad del proyecto de los procesados no era vincular a sus actos la efectiva proclamación de la República independiente catalana, con la consiguiente ruptura con el Estado y la Constitución, sino que lo que pretendían era convencer al Gobierno de España para que negociara con el Govern de la Generalitat la convocatoria pactada de un referéndum". 

De ahí su urgencia en que la fiscalía se pronuncie sobre por qué delito acusará a la cúpula de los Mossos finalmente. No solo porque entiende que es posible que se necesite un aplazamiento del inicio del juicio, sino también para determinar si la sedición es de las que entrarían dentro de los que son competencia de la Audiencia Nacional o son de las que debería juzgar la Audiencia de Barcelona.