CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA
La maraña de los ERE: quedan más de 120 piezas pendientes
Julia Camacho
Periodista
Julia Camacho
Sobrecomisiones millonarias por tramitar expedientes de prejubilación que luego pagaba el Ejecutivo andaluz; un exchófer tan cercano a la cúpula de Empleo que recibió 1,4 millones que gastó en parte en juergas; empresas que recibían millones para proyectos inexistentes o sin un destino prefijado y que luego no lo acreditaban los requisitos ni el uso de los fondos… La maraña del caso de los ERE fraudulentos no se termina en la sentencia conocida esta semana, y que condena a una veintena de ex altos cargos por prevaricación y malversación. Ellos fueron juzgados por poner en marcha un procedimiento fraudulento, y en los juzgados continúa aún la investigación por decenas de ayudas concedidas bajo ese sistema. Según los últimos cálculos del juzgado, a fecha de hoy aún hay abiertas o en proceso de investigación al menos 120 expedientes.
El dato más fiable sobre la dimensión de la causa que comenzó en enero del 2011 la jueza Mercedes Alaya, y que ha pasado por manos de hasta siete magistrados, lo aportó a finales del pasado año la entonces instructora María Núñez Bolaños. Tras una dura pugna judicial, en el 2015 se optó por trocear la macro causa a fin de que la prescripción de los delitos no acabara echando por tierra el caso. La causa matriz quedó sin contenido y al decretar su cierre, la jueza detalló que se abrieron 187 piezas separadas de investigación, organizadas en tres grandes grupos.
Uno era el procedimiento específico usado para dar las ayudas, que es el que ahora ha condenado a una veintena de ex altos cargos de la Junta. El segundo se refiere a las sobrecomisiones que cobraron las mediadoras que participaban en los trámites de las regulaciones de plantilla, EREs que llegaron a ofrecer a algunas empresas. La Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía las cifran en 66 millones. Aquí es donde está encausado el ex sindicalista Juan Lanzas, supuesto conseguidor de los ERE y cuya madre presumió que “tenía dinero para asar una vaca”.
El tercer bloque, 185 piezas, abarca cada una de las ayudas o EREs con ‘intrusos’. Según los atestados de la Guardia Civil, el total de esas ayudas directas investigadas se cifra en torno a 73,8 millones, de los que 1,4 fueron a parar al chófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero. A la espera de fijar fecha de juicio, durante su declaración narró que era administrador en dos empresas ficticias y que las subvenciones recibidas se gastaron en fiestas y “comprar cocaína para su jefe y para él”. Por su parte, los 126 intrusos detectados habrían percibido unos 12 millones.
Según Núñez, de esas 187 en diciembre del 2018 seguían aún en fase de instrucción o “vivas” 146 piezas con un total de 507 imputados. De las restantes, la mayoría, unas 36, habían sido archivadas al no apreciarse la existencia de delito. Y cinco, entre ellas la pieza con los ex altos cargos políticos, habían iniciado ya el camino a la Audiencia para comenzar el juicio. Seis meses después, en julio pasado, Anticorrupción actualizó levemente los datos en su denuncia contra la supuesta “parálisis” del caso que imprimía la instructora: las piezas archivadas eran 48, y las que estaban en trámite o acumuladas a otros procedimientos no eran 146, sino 129.
El juez instructor de refuerzo que investiga las causas, José Ignacio Villaplana, ha acelerado el proceso en los últimos meses, cerrando varias de las piezas y convirtiéndolas en procedimiento abreviado, el trámite previo a que pasen a la Audiencia y se abra juicio oral. Los últimos cierres fueron el viernes, dos ayudas a empresas por importe de 2,4 millones.
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