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Sánchez presume de que la Fiscalía sigue sus órdenes con Puigdemont

Las palabras del presidente, después matizadas, chocan con la autonomía del ministerio público

El líder socialista provoca malestar entre los fiscales, que niegan obedecer al Ejecutivo en su labor

Juan Ruiz Sierra Ángeles Vázquez

Pedro Sánchez, el pasado martes durante un mitin en Gijón. 

Pedro Sánchez, el pasado martes durante un mitin en Gijón.  / EUROPA PRESS / DAMIÁN ARIENZA

Primero en todas las encuestas, Pedro Sánchez había diseñado una campaña conservadora, con mensajes muy claros, en la que se presentaba como el único candidato capaz de evitar una nueva repetición electoral. Todo iba razonablemente bien, sin errores, más allá de que su discurso no estaba logrando, según los sondeos, cumplir las perspectivas socialistas de aumentar los 123 escaños de abril. Pero la situación judicial de Carles Puigdemont provocó este miércoles el primer tropiezo del presidente en funciones, que presumió de que la Fiscalía estaba a sus órdenes.

Una de las partes más polémicas del debate electoral del pasado lunes tuvo lugar cuando el líder socialista dijo sobre el proceso de extradición del 'expresident': "Me comprometo a traerle de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia". La frase casaba mal con la separación de poderes, porque el regreso de Puigdemont depende de los jueces, pero Sánchez se reafirmó dos días más tarde, con una fórmula que concitó un poco frecuente consenso, uniendo en su contra a la derecha española, al independentismo y a los fiscales. En RNE, a primera hora de la mañana, el candidato del PSOE fue interrogado sobre este compromiso. "¿Cómo lo va a hacer?", le dijeron. Sánchez contestó que "lo estaba haciendo ya", a través de la Fiscalía, que ha pedido la reactivación de la euroorden contra Puigdemont. "¿La Fiscalía de quién depende?", se preguntó el presidente. "Del Gobierno", contestó el entrevistador, en el sentido de que el fiscal general es nombrado por la Moncloa. "Pues ya está", contestó Sánchez.

Es cierto que el Ejecutivo elige al máximo representante del ministerio público, pero a partir de ahí este obra "con plena objetividad e independencia", según recoge la ley. Aunque el Ejecutivo puede "interesar" ciertas actuaciones ante los tribunales, la última palabra siempre la tiene el ministerio público. 

La matización

Los asesores de Sánchez señalan que el tropiezo apenas tendrá impacto en las urnas, convencidos como están de que la contundencia frente al independentismo puede darle votos de indecisos y antiguos simpatizantes de Cs. Pero por primera vez en esta campaña, el líder socialista se puso a la defensiva. Sin llegar a una rectificación, horas más tarde matizó en Twitter sus palabras. En lugar de "compremeterse" a la extradición de Puigdemont, a quien llamó "prófugo de la Justicia", aclaró que iba a "trabajar" para ello. Y en vez de insistir en el carácter "dependiente" de la Fiscalía, dijo que esta contaba con el "respaldo" del Ejecutivo.

El ‘expresident’ le contestó desde la misma red social. "No soy ningún prófugo. Estoy en manos de la justicia belga, que decretó mi libertad sin fianza", escribió Puigdemont, obviando que está declarado "en rebeldía", término judicial para los huidos, por la justicia española. Más relevante fue la reacción de su abogado, Gonzalo Boye. "Lo que realmente quiere [Sánchez] es que le fichemos para la defensa", afirmó el letrado, cuya estrategia pasa por calificar la reclamación contra el 'expresident' como una causa política, tesis que respaldará con las palabras de Sánchez.

De ahí, entre otros motivos, el malestar en las asociaciones de fiscales. Todas, desde la Asociación de Fiscales (conservadora) a la Unión Progresista de Fiscales (a la que ha pertenecido la ministra de Justicia, Dolores Delgado), criticaron al presidente, dejando claro que el ministerio público en ningún caso cumple "órdenes" del Gobierno. Aún más inusual fue el comunicado que emitió la propia fiscalía del Supremo, encargada de reactivar la euroorden contra Puigdemont. El texto, muy breve, subraya que todas las actuaciones en el juicio al 'procés' "se han producido en el ámbito de la autonomía fiscal".

Alegría independentista

Al mismo tiempo, a Sánchez le llegaron reproches desde casi todos los partidos, de ERC a Cs, pasando por el PP y JxCat. Quim Torra dijo que las palabras del presidente forman parte del "escándalo permanente en el que vive instalado el Estado". Pero los independentistas celebraron en privado el tropiezo, porque ayuda a transmitir que en España, presuntamente, "no hay separación de poderes". Poco después, en otro motivo de júbilo, el Reino Unido rechazaba por "desproporcionada" la euroorden contra la ‘exconsellera’ de Ensenyament, Clara Ponsatí, que vive en Escocia. Para la derecha, Sánchez "tiró por tierra" el trabajo independiente de jueces y fiscales.

Por una vez, se hizo casi realidad la tesis del PSOE de que todos los partidos, a izquierda y derecha, están en su contra. Solo Podemos y Vox evitaron entrar. Pablo Iglesias ya cargó contra el presidente durante el debate por su posición sobre Puigdemont. Y Santiago Abascal había dado muestras en la cita televisiva de su escaso respeto a la separación de poderes, al señalar que si llega a la Moncloa intentará que Torra "sea detenido".