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El juez belga aplaza hasta el 16-D la decisión sobre la extradición de Puigdemont

El tribunal de primera instancia neerlandófono acepta la petición de posponer el caso para dar tiempo a preparar la defensa

La fiscalía belga apoya la entrega a España por los delitos de sedición y malversación tal y como ha solicitado el juez Pablo Llarena

Silvia Martínez / Bruselas

Puigdemont entrando a los juzgados en Bruselas. / EFE/ Stephanie Lecocq/ ACN VÍDEOS

El Tribunal de primera instancia neerlándofono de Bruselas ha decidido aplazar hasta el 16 de diciembre la vista sobre la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, contra el expresident de la GeneralitatCarles Puigdemont. La fiscalía belga, según ha confirmado la defensa del político catalán, ha asumido las tesis de Llarena y no se ha opuesto a la entrega por los delitos de sedición y malversación. La vista de este martes, a puerta cerrada y de apenas siete minutos, solo ha servido para fijar la agenda. Su equipo de defensa ha explicado que invocará la inmunidad parlamentaria, la vulneración de derechos civiles y políticos y la garantía a un juicio justo.

“La vista ha durado muy poco porque el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre. Así que estaremos ese día a punto para comparecer ante una justicia que tomará su decisión con plena independencia y profesionalidad”, ha explicado el propio Puigdemont tras esta primera vista. Ese día a las dos de la tarde el ex president del Govern y su equipo de abogados, con Gonzalo Boye, Paul Bekaert, Simon Bekaert y Christophe Marchand, regresarán a la sede del Palacio de Justicia para rechazar la entrega a España, exponer sus alegaciones y defender su inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo en las elecciones del pasado 26 de mayo.

“Tenemos los mismos argumentos que hace dos años que se han visto reforzados por lo que ha ocurrido en España desde entonces, con todas las violaciones de los derechos fundamentales pero, ante todo, la inmunidad de la que goza ahora el señor Puigdemont tras su elección en los comicios europeos. Es el primer argumento que vamos a invocar”, ha explicado Marchand. Según ha adelantado Gonzalo Boye, también esgrimirán las declaraciones de este martes de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha dicho que España no entendería que Bélgica rechazara la entrega. "Las declaraciones de la vicepresidenta Calvo ayudan y mucho. Nosotros las agradecemos. Ha dicho que esto afectaría a las relaciones diplomáticas  entre Bélgica y España cuando estamos hablando  de un tema estrictamente judicial, o eso creíamos nosotros", ha explicado.

Argumentos por escrito

Hasta el 16 de diciembre, la defensa del líder independentista catalán se encargará de preparar los argumentos por escrito y engordar el dossier con “todas las informaciones que tenemos sobre las violaciones continuas de los derechos fundamentales por España y las terribles condenas pronunciadas por el Tribunal Supremo y el conjunto de las violaciones al derecho a un juicio justo que han continuado impactando violentamente sobre los miembros del Gobierno catalán  de la época y del parlamento que simplemente han organizado un referéndum siguiendo los deseos del pueblo y que nunca tendrían que haber sido llevados delante de la jurisdicción penal”, ha explicado Marchand.

Puigdemont entraba poco antes de las 9 de la mañana a la sede del Palacio de justicia acompañado del ex conseller Lluis Puig, del empresario y amigo Josep Maria Matamala, el equipo de abogados que lleva su caso y una nube de periodistas alrededor. Su vista en la Cámara del consejo –el tribunal de primera instancia que lleva su caso- comenzaba pasadas las 10 de la mañana. Se ha prolongado menos de diez minutos y ha tenido como protagonistas al mismo juez y al mismo fiscal encargados de la primera euroorden en 2017. 

En aquel entonces, la fiscalía belga también asumió el grueso de los delitos imputados por la Audiencia nacional: rebelión, sedición, desobediencia y malversación al entender que también existen en el orden jurídico belga. Solo rechazó el de prevaricación. Al igual que en aquella ocasión, la fiscalía tampoco ha confirmado cual es la calificación precisa de los delitos bajo el ordenamiento jurídico belga. "Es parte del procedimiento en marcha ante la Cámara del consejo y es pronto para comunicarlo", han indicado en un comunicado.

Reactivación de la euroorden

Tras la reactivación de la nueva euroorden por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, Puigdemont se presentó el pasado 17 de octubre ante la policía federal de Bruselas. A la espera de comparecer ante el juez instrucción encargado del caso quedó bajo arresto y privado de libertad. Tras pasar la noche en dependencias judiciales, prestó declaración ante el juez y rechazó su entrega a España. 

El juez lo dejó en libertad sin fianza pero con medidas cautelares: prohibición de abandonar Bélgica sin autorización del juez, estar en todo momento localizable y disponer de una residencia fija que ya tiene en Waterloo. Su defensa intentó esquivar la activación del procedimiento con el argumento de que Puigdemont goza de inmunidad parlamentaria, como eurodiputado electo en las elecciones europeas de mayo. Pero el juez, tras hablar con el Parlamento Europeo, lo descartó y lanzó el procedimiento con la convocatoria de la primera vista este 29 de octubre.

Posibilidades de recurso

La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves –desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. Según los plazos previstos, una vez que el juez de primera instancia toma una decisión sobre si ejecuta o no la euroorden, se abre un plazo de 24 horas en el que tanto la fiscalía como la defensa pueden presentar recurso ante la Corte de Apelación que tendría quince días para pronunciarse. A la decisión de esta instancia también cabe recurso ante la Corte de Casación que tendría otros 15 días de plazo para pronunciarse.

En total, en circunstancias normales, el proceso debería prolongarse unos 60 días ampliables a 90 en casos excepcionales aunque como lo demuestra el caso del rapero Valtonyc los plazos pueden ser mucho mayores si el juez decide esperar a que el Tribunal de Justicia y de la UE se pronuncie sobre si Puigdemont tiene o no inmunidad parlamentaria. En el caso de Oriol Junqueras, que puede servir de guía, el abogado general emitirá su dictamen el próximo 12 de noviembre lo que significa que la sentencia podría ser publicada antes de finales de año.