Sánchez intensifica su ofensiva contra el independentismo

El Consejo de Ministros lanzó este jueves una batería de medidas para acorralar al independentismo. A nueve días de las elecciones generales, el Gobierno trata de bloquear a los secesionistas desde tres frentes. Uno,  fulminar el proyecto del Govern de construir la república digital catalana, una suerte de arquitectura institucional paralela, a través de la aprobación de un real decreto ley. Esta norma obligará a todas las administraciones públicas a alojar sus servidores dentro de la UE e impedirá a la Generalitat situarlos en paraísos digitales. Dos, el Ejecutivo pide al Tribunal Constitucional que examine si la Mesa del Parlament ha incurrido en un delito de desobediencia al incluir en el orden del día la resolución en pos de la autodeterminación. Y tres,  encomienda a la Abogacía General del Estado que preste asistencia jurídica a los agentes de Policía y Guardia Civil. Los Mossos no recibirían ese apoyo, porque implicaría una invasión de competencias. 

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Las decisiones para cercar al independentismo llegaron en el penútimo Consejo de Ministros antes del 10-N y ante el previsible incremento de las protestas en Catalunya en una semana caliente por la visita del Rey a Barcelonavisita del Rey a Barcelona, los mítines electorales, la jornada de reflexión y las votaciones. En este contexto, Pedro Sánchez llevó en mano al Consejo de Ministros su propuesta para fulminar la república digital que trata de construir el Govern. El gabinete ministerial aprobó el real decreto ley, que se publicará el martes en el BOE y deberá ser validado después por la Diputación Permanente del Congreso. No hay fecha, pero será tras los comicios, y el Gobierno confía en obtener el respaldo mayoritario de la oposición.

Fuentes gubernamentales aseguran que la Generalitat tiene servidores alojados en paraísos digitales que, con esta norma, quedarán "fulminados". Entre ellos, aseguran, está el sistema de identificación promovido por el Govern, IdentiCAT IdentiCAT, que el propio Quim Torra presentó el pasado septiembre y que formaría parte de la arquitectura de la república digital. 

La vicepresidenta, Carmen Calvo, justificó la "urgencia" y la "necesidad de proteger el interés general" para aprobar este real decreto a pocos días de los comicios, y ante la perspectiva de que no haya un Gobierno en plenitud de funciones en las próximas semanas. Aludió a las incursiones cibernéticas en procesos electorales de otros países pero no lo vinculó a que haya sospechas de una amenaza de esas características el 10-N. "Es urgente porque hay situciones en las que hay que reaccionar cuando antes mejor", argumentó.  

La medida había sido anunciada por Sánchez a primera hora desde los micrófonos de Onda Cero, una entrevista en la que explicó que se pretende controlar el "potencial mal uso" de la Generalitat para construir una república digital y  en la que aseguró que "ni habrá independencia offline ni online".  Aunque, planteó,  el independentismo ha sufrido ya las "consecuencias de la fortaleza del Estado democrático", ha buscado "reductos" donde hubiera "lagunas legales".

De nuevo al TC

El segundo frente contra el independentismo es el judicial. El Gobierno volvió a acudir al Constitucional para plantear dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia a resoluciones del Parlament. El Ejecutivo socilita a los magistrados que determinen si la Mesa de la Cámara catalana "ha desatendido" el apercibimiento que el tribunal hizo a sus miembros, al advertirles de que podían incurrir en delitos penales (desobediencia) al incorporar al orden del día una resolución sobre la autodeterminación. El Gobierno pide al TC que, si considera que si se ha "traspasado la lína", se dirija al ministerio fiscal. 

Además, la Moncloa ha pedido a la Abogacía del Estado un informe urgente sobre la resolución del Parlament en la que se debatió sobre la sentencia del 'procés', al considerar que vulnera la separación de poderes. 

En plena polémica por la investigación parlamentaria que ERC, JxCat y la CUP han impulsado contra los Mossos, el Gobierno trata de proteger a los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El ministerio de Justicia ha encomendado a la Abogacía General del Estado a que se persone en la defensa de los efectivos en actos realizados en el ejercicio de sus funciones.  "Les acompañaremos en las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función. Nos sentimos orgullosos de su profesionalidad", subrayó Calvo. 

Federalismo

Tras la polémica suscitada por la ausencia de la defensa del federalismo en el borrador del prigrama electoral, Sánchez aclaró que lo que propugna la propuesta federalista del PSOE es "perfeccionar el estado autonómico", algo que supondría acometer una reforma constitucional a medio plazo para cambiar, por ejemplo, las funciones del Senado. Después de que el PSC forzara al PSOE a preservar el federalismo, Sánchez lementó que el tema esté "de moda" por las "filtraciones" y detalló que su propuesta no es más que respetar el artículo 2 de la Constitución que define a España como "una nación compuesta por regiones y nacionalidades".

Además Sánchez opinó que la Junta Electoral Central ha cambiado de criterio al abrirle un expediente por dar una entrevista en La Moncloa y enfatizó que Mariano Rajoy, Jose María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González lo hicieron.

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