Cerco judicial a los otros 'Billy el Niño'

No hubo sólo un ‘Billy el Niño’, sino varios torturadores repartidos por toda España franquista, y no eran actitudes individuales sino una política de Estado para amedrentar y llegado el caso aniquilar el enemigo ideológico. Con esa idea la ‘Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina contra crímenes del franquismo’ ha impulsado una campaña de denuncias con la idea de que, ante la negativa de la Justicia española a investigar las prácticas de la Dictadura, sea finalmente el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo quien lo haga.

“Hasta ahora el franquismo ha estado defendido por ellos mismos, pues han formado parte de estamentos judiciales y gubernamentales. Ha habido una continuidad franquista en los estamentos de poder. Queremos forzar a que la Justicia haga su labor. Estamos llegando a los últimos pasos de la Justicia española para pasar a la internacional”, ha confirmado Pablo Mayoral, representante de CEAQUA. De momento y a la espera de llegar a Estrasburgo, las denuncias van a ser presentadas próximamente ante varios comités de la ONU.

Este lunes se presentaron seis denuncias más que elevan la cifra total a medio centenar. Además de las madrileñas, centradas en Antonio González Pacheco más conocido como ‘Billly el Niño’, también las ha habido en Asturias, País Vasco y Catalunya pero sobre todo en València, donde con estas seis últimas llevan ya 24.

La mitad corresponden a los fusilamientos del llamado Paredón de España junto al cementerio de Paterna y las otras seis de una redada contra estudiantes militantes de organizaciones de izquierda en 1971. Las últimas son de detenidos en “las caídas” del verano y el otoño de 1975, apenas semanas antes de la muerte de Franco y con el régimen tratando de perpetuarse.

El Billy valenciano

Como aquellas de principio de año (cuatro de las cuales siguen abiertas y dos están recurridas por su archivo en el Tribunal Constitución), las seis presentadas ahora recuerdan que las torturas de produjeron en un contexto de “crímenes de lesa humanidad” de la Dictadura y apuntan al máximo responsable de la Brigada Político Social de Valencia.

“El nombre que más se repite es del Benjamín Solsona, el ‘Billy el Niño valenciano’, que dirigía la Brigada. Todos dícen que cuando él intervenía las torturas subían de intensidad y violencia”, ha explicado la abogada Aradia Ruiz, miembro de la cooperativa El Rogle.

Ruiz ha explicado que el archivo sistemático por parte de los tribunales españoles se respalda en la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo que se apoya “en la ley de amnistía, el principio de legalidad penal, la prescripción y en que los presuntos culpables están muertos”.

“Pero toda la maquinaría de derecho internacional es contraria a estos argumentos”, ha asegurado. Ruiz ha desgranado que “España ratificó seis meses antes de la ley de amnistía que no las contempla” y ha reconocido que “en aquel momento no había una ley que tipificara los crímenes de lesa humanidad pero el estado español se regía por el tratado de la Haya y los de Nuremberg”.

“Los instrumentos internacionales, como el Tratado de Roma, dicen que los crímenes contra la humanidad no pueden prescribir nunca. Estamos más que a tiempo”, ha añadido la letrada, que ha afirmado que para dar por muertos a los presuntos culpables habrá que investigar si lo están y que eso no debe impedir un juicio.

Las torturas

Lucila Aragó, una de las denunciantes, ha recordado los “puñetazos, las corrientes eléctricas, los golpes en las plantas de los pies, las amenazas y los interrogatorios a cualquier hora” que sufrió en la Dirección General de Seguridad y ha avisado que llegarán “hasta donde sea necesario para acabar con la impunidad”.

Rafael Juárez ha añadido al relato de torturas las horas en las que tuvo que estar apoyado con dos dedos de cada mano contra la pared hasta que se desplomó, un paseillo nocturno con simulacro de ejecución en un campo cerca de la ciudad o cómo conoció a Solsona. “Su rostro es difícil de olvidar, se presentó y para hacerlo me pegó un puñetazo en el hígado que hizo que me desmayara”.

Con lágrimas en los ojos, Ramón Gurillo ha pedido “que sepan en Bruselas” las torturas que sufrieron y como en su caso no permitieron durante cinco días que lo vieran abogados o familiares. Valerià Martí ha contado como no olvida cómo antes de uno de los interrogatorios un policía presumió del “garrote vil” que se había aplicado a los acusados en el Proceso de Burgos.

El sindicalista Antonio Moya ha recordado que la paliza en su detención le dejó inconsciente y los golpes que ya en la Jefatura recibió “con  una barra de hierro envuelta en plástico” y Vicente Carrión cómo esas torturas los han marcado de por vida y ha pedido un reconocimiento para aquellos que “en la calle y padeciendo torturas” consiguieron derechos que ahora se quieren retirar.