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MEMORIA HISTÓRICA

Nuevas brechas en la impunidad judicial del franquismo

Este lunes se presentan en València seis denuncias por torturas tras una redada contra militantes de izquierda en 1975

Varias de las querellas presentanas hace unos meses lograron ser admitidas a trámite y hay una a las puertas del Constitucional

Nacho Herrero

Cuatro de los denunciantes de torturas por parte del franquismo delante de la facultad que centró la redada contra militantes de izquierda en 1971

Cuatro de los denunciantes de torturas por parte del franquismo delante de la facultad que centró la redada contra militantes de izquierda en 1971 / Miguel Lorenzo

En el ‘muro’ legal y judicial que ha impedido juzgar hasta ahora las torturas del franquismo hay ya unas pequeñas brechas en forma de denuncias admitidas a trámite que abren una rendija a una condena al régimen por crímenes de lesa humanidad.

Este lunes van a aparecer unas cuentas brechas más pues en València se van a interponer otras seis querellas por algunos de los detenidos y presuntamente torturados tras las redadas en la ciudad contra militantes de izquierda en el verano de 1975.

El pasado mes de enero, por primera vez, un juzgado, el de Instrucción número 1 de Valencia, admitió a trámite e inició diligencias ante una querella por torturas de la Brigada Político Social en 1971. Tras ella vinieron un puñado más. Todas ellas siguen abiertas excepto una que fue archivada y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional desde la pasada primavera.

La redada del 71

Manolo Tello, cuya denuncia fue la primera en pasar el 'corte', fue uno de los diecinueve jóvenes que entre el 23 de abril de 1971 y los primeros días de mayo fueron detenidos en una operación que tuvo su epicentro en la entonces bulliciosa Universitat de València, para tratar de neutralizar el aparato de propaganda del PCE, partido al que pertenecía entonces este profesor ahora jubilado y otros once de los apresados.

Hasta 18 días estuvieron algunos de ellos en diferentes comisarías, donde aseguran fueron torturados y amenazados de muerte antes de ser trasladados a la prisión. “Cada vez que lo cuento me indigno con la impunidad que hubo. Es criminal. El aislamiento y el estado de indefensión que teníamos eran tremendos”, explica Tello a El Periódico en una charla con cuatro de los seis detenidos en aquella operación y también denunciantes.

Juntos recuerdan la tristemente célebre ‘rueda’. “Desde que te esposan atrás tienes un sentimiento de indefensión terrible”, cuenta Pedro Chirivella. “Luego se ponían en círculo y empezaban a pegarte e ibas como un fardo de uno a otro sin poder agarrarte a nada y cayéndote”, rememora. 

“Te hace sentir como una piltrafa” señala Chirivella, que asegura que les hicieron más “perrerías”. Pistolas en la sien, la ‘bañera’ (sumergir la cabeza del torturado en el agua) o ‘el pato’ (obligar a los detenidos a andar de cuclillas con las manos esposadas bajo los muslos) son sólo algunas.

En aquel momento, el país estaba aún en estado de excepción tras el ‘Proceso de Burgos’ lo que daba mucho margen a la Brigada. “Normalmente podían tener a la gente 72 horas antes de llevarla al juez pero en esa situación eran seis meses”, recuerda Vicent Pérez, otro de los querellantes.

El traslado a la cárcel y el acceso a la asistencia de abogados les animó a presentar una primera denuncia, que ahora sirve de base documental para acreditar aquellas torturas. “Aunque tardaron en llevarnos delante del juez para que desaparecieran las marcas, aún quedaban y el médico forense las recogió”, cuenta Chirivella.

Ese proceso quedó entonces en nada pero en la plataforma de apoyo a la llamada 'querella argentina' surgió la idea de mantener viva la causa y la memoria de lo ocurrido con denuncias ordinarias.

Los denunciantes buscan una condena de la dictadura pero también evitar el olvido o su blanqueo / MIGUEL LORENZO

“Las presentamos, entre otras cosas, porque teníamos claro que hay una tendencia a que se olvide todo y no puede ser. Fue muy duro, fue una dictadura, que encima ganó, y que hizo barbaridades. Los que hemos sufrido lo tenemos que decir aunque nos cueste disgustos porque es otra vez recordar todo aquello”, explica Tello.

La rendija judicial

Detrás de las querellas valencianas está ‘El Rogle’, una cooperativa de abogados en la que están convencidos de que hay ‘caso’ aunque admiten que “choca frontalmente con la ley de amnistía”, tal y como explica Guillermo Noguera, uno de los socios.

“Pero es que los tratados internacionales que ha firmado España, tal y como dicen también la ONU y el Parlamento Europeo, dicen claramente que no puede haber leyes de punto y final en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es nula. Es de primero de derecho”, señala el letrado, que apunta que la intención era “acabar totalmente con la disidencia” lo que supondría que “no son delitos prescribibles”.

La estrategia ha sido y es diseminar las denuncias por el mayor número de juzgados posibles hasta encontrar jueces, alejados de las presiones de los ‘grandes’ tribunales, que asuman esa teoría.

Los acusados

Las denuncias de enero de València apuntan a tres policías, Benjamín Solsona, el llamado ‘Billy el Niño’ valenciano, Jacinto Acosta y Manuel Ballesteros. “Los de la Brigada eran la ‘crema’, seleccionados y con un compromiso político. Solsona disfrutaba con lo que hacía, era un sádico”, subraya Chirivella.

Se presume que todos ellos pueden estar ya muertos “pero no es una cuestión de personas”, apunta Juanjo López, otro de los querellantes. “Ellos se consideraban un aparato del estado y es lo que eran. Nuestro caso es un caso de persecución política hecho por unos profesionales de la tortura y de la delación”, subraya.

Por eso, explican desde El Rogle, la investigación debe seguir. “Porque participaron muchos más y en la querella incluiamos a todos aquellos que pudieron ser responsables y no están identificados, pero también porque es una querella contra una práctica sistematizada de un régimen. No buscamos una indemnización, ni económica ni una condena de cárcel sino una reparación moral y de justicia”, apunta.

La victoria… y la derrota

Querellantes y letrados aseguran que el hecho de haber hecho públicas estas prácticas es una victoria pero quieren más. Quieren que más torturados se animen a denunciar “y que se condene a la Dictadura”, remarca Vicent Pérez. “Que la Justicia diga que se cometieron actos que van contra cualquier estado de derecho”, remarca López.

También que el proceso sirva para que no se pueda ‘blanquear’ lo que ocurrió. “Es algo que el PP lleva años extendiendo”, desliza Pérez. “Pero ahora es más importante aún con el resurgir de los planteamientos de la extrema derecha. No puede calar la imagen de era un régimen blando porque era durísimo y hace falta que las miles de personas que fueron torturadas por la Brigada tengan un reconocimiento”, subraya Chirivella.

“Es que en la Transición era obvio lo que era el franquismo, unos torturadores, y estaban con la cabeza debajo del ala, nadie les defendía ni tenían ninguna ascendencia”, recuerda López. Y eso, asume Tello, ahora ya no es así.