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CAMINO DE LAS URNAS

La campaña se enfanga en Andalucía entre acusaciones de corrupción

El PP denuncia compra de votos en un pueblo de Sevilla y el PSOE airea la imputación de un exsecretario de Estado popular

La bronca aumentará en visperas de las generales con la sentencia de los ERE y una comisión de investigación parlamentaria

Julia Camacho

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Huévar del Aljarafe (Sevilla)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en Huévar del Aljarafe (Sevilla) / EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

A menos de un mes de unas nuevas elecciones generales, los partidos políticos evidencian en Andalucía el nerviosismo y la incertidumbre de esta nueva cita con las urnas. La región es clave para aquel que quiera alcanzar La Moncloa, dado que aporta 61 de los 350 diputados en juego, de ahí que no duden en recurrir al armamento pesado para rebatir al adversario. Y que mejor bazuca que las acusaciones, mutuas, de corrupción que tanto PP como PSOE se están lanzando estos días y que se intensificarán en las próximas semanas, cuando está previsto que se difunda la sentencia de la pieza política de los ERE.

La mayoría que ostentan los partidos de derechas en la cámara autonómica ha permitido fijar en vísperas de los comicios la comparecencia de los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, a los que se unirá la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una comisión de investigación parlamentaria. El órgano trata de determinar las responsabilidades políticas por el uso de dinero público en prostíbulos que realizó al menos un alto cargo de una extinta fundación para el empleo, la Faffe, y su creación fue uno de los compromisos electorales de PP y Cs.

Habrá 40 comparecencias, pero será justo para el cierre de campaña, los días 7 y 8 de noviembre, cuando se produzcan las declaraciones de quienes fueron máximos dirigentes socialistas en la comunidad hablando de juergas a cuenta del dinero de los parados andaluces en una entidad que, además, la Guardia Civil definió en un atestado judicial como un “nido de enchufados para pagar favores políticos”. La portavoz de Cs en la comisión rechazó esta semana cualquier atisbo de electoralismo en la coincidencia de fechas, subrayando que ese era el ritmo de trabajo que la responsabilidad última era del presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por haber adelantado las generales.

"Sistema clientelar"

No será la única acusación por corrupción a la que tenga que enfrentarse el PSOE esta campaña. El PP, con Pablo Casado y Teodoro García Egea a la cabeza, ha salido en tromba a denunciar públicamente el “sistema clientelar” de los socialistas tras desvelar que en Huevar del Aljarafe (Sevilla) se compraron votos con dinero público. El caso aún no ha llegado a la vía judicial, dado que la nueva alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP), asegura estar recabando datos para ponerlo en manos de la Fiscalía.

De momento, el escándalo está servido con los documentos manuscritos encontrados supuestamente en varias cajas del despacho del exalcalde del PSOE, Francisco Martin González, y que apuntarían a que el regidor o alguien de su equipo recorrieron “casa por casa” la localidad para ofrecer contratos en el Consistorio a cambio de apoyo electoral. Pese a ello, en mayo el PSOE perdió el bastón de mando después de 37 años debido a que la abstención de Adelante Andalucía permitió al PP lograr la alcaldía.

Los listados, desvelados por el diario 'Abc' y que se habrían salvado de su destrucción porque la máquina trituradora de papeles se quemó de tanto uso, identificarían a los vecinos con nombre, apellidos, apodos y parentesco, e incluso una estimación de cuántos votos se podrían conseguir en ese domicilio en función de la situación laboral de los vecinos en cuestión. El supuesto objetivo de esta acción era lograr 1.000 votos, los necesarios para obtener la mayoría absoluta en el municipio de apenas 3.000 habitantes.

PSOE: una "estrategia de calumnias"

En el PSOE niegan unas acusaciones que enmarcan en una “estrategia de calumnias y mentiras” para intentar “ensuciar y manchar” la precampaña electoral, y frenar así la victoria que las encuestas auguran a los socialistas. Pero no dudan en apelar al “y tu más” al recordar que también un exalcalde y dos ediles de Guadalcanal (Sevilla) del PP están investigados por “irregularidades en contratos, facturas falsas y destrucción masiva de documentos oficiales” en adjudicaciones a empresas afines.

Para los socialistas, el énfasis con el que el partido conservador se ha lanzado al caso Huevar es una cortina de humo ante escándalos de mayor calado que afectan a los populares. Así, apuntan al procesamiento del exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, José Enrique Fernández de Moya, en la Audiencia Nacional por presunto fraude en el pago de facturas infladas a la empresa encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

El quebranto de las arcas públicas ascendería a 4,2 millones, según la fiscalía. El exregidor y dos exconcejales acaba de pedir la baja temporal del PP para “no perjudicar la imagen del partido” tras mantenerse la acusación por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Asimismo, en el PSOE ponen en la picota a otro exministro, Juan Ignacio Zoido, después de salir a la luz que la Fiscalía de Sevilla investiga los pagos que, en su etapa como alcalde de Sevilla, realizó al abogado que lleva la acusación popular del PP en el caso ERE. Esos pagos, cinco contratos en procedimientos sin publicidad, ser realizaron por la intervención de este letrado, Luis García Navarro, como acusación particular en el caso Mercasevilla en representación del Ayuntamiento hispalense. García Navarro fue diputado provincial del PP, miembro del consejo de administración de la televisión pública a instancias de este partido y su mujer, que también ejerce de abogada del PP en el caso ERE, acaba de ser nombrada alto cargo de la Junta de Andalucía.