El TSJC reduce la presencia policial en seis juzgados antes de la sentencia del 1-O

El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ha ordenado retirar la custodia policial en los juzgados de El Vendrell, Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona y Berga, que se venía haciendo los días laborales de 8 a 15 horas, a partir del próximo 23 de septiembre. Es decir, días antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de indendencia, ante la que ya se está preparando movilizaciones. El TSJC limita esta presencia de los Mossos las 24 horas del día únicamente a la Ciutat de la Justícia de la capital catalana y al Palau, sede del tribunal.  

El pasado 6 de febrero, el alto tribunal catalán requirió a los Mossos la vigilancia permanente ante todos los juzgados de Catalunya después de que se produjeran ataques de los CDR ante una veintena de sedes judiciales por el juicio del 'procés. Los activitas llegaron a volcar sacos de estiércol en las puertas de los edificios.

Según el decreto de Barrientos, los mandos de la policía de la Generalitat le han comunicado que los riesgos existentes cuando se tomó esa medida se han "diluido".  El pasado 13 de mayo, el TSJC ya ordenó una primera retirada de la vigilancia en la mayoría de juzgados. Ahora la orden afecta a las sedes del Vendrell, Gandesa, Balaguer, Cervera, Solsona y Berga.

El motivo de esta decisión es, según detalla la propia resolución, un informe del comisiario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, del pasado 5 de septiembre que señala que en los últimos meses se han visto diluidos los riesgos de incidentes en los edificios judiciales. La incógnita es si en el supuesto de que se reproduzcan los incidentes tras las sentencia del juicio del 'procés', las autoridades judiciales volveran a solicitar que se refuercen las medidas de protección de los edificios judiciales. A la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya, en Pau Clarís, también se destinaron partrullas de la policía de la Generalitat. Este organismo también fue atacado por activistas de Arran el 1 de febrero.   

Malestar en el cuerpo

Tanto la Conselleria d'Interior que dirige Miquel Buch como la cúpula de los Mossos habían lamentado el esfuerzo que suponía ese operativo, bautizado con el nombre de operación Toga, en un momento de falta de agentes para cubrir todas las necesidades de seguridad ciudadana, que además han coincidido con el aumento de hechos delictivos en Barcelona. "No tenemos un exceso de mossos y preferimos que estén en la calle investigando y evitando hechos delictivos que no vigilando piedras. La ley permite que lo haga alguin más", aseguró Buch el pasado mes de abgoso en una entrevista. El 'conseller' puso encima de la mesa la posibilidad de que los juzgados fueran custodiados en el exterior por vigilancia privada, igual que ocurre con algunos edificios públicos de la Generalitat. Esta propuesta, ya fue planteada por el anterior copmisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, y fue rechazada por las autoridades judiciales.

El despliegue de 470 agentes ante los juzgados redujo el número de patrullas en la calle. La merma de agentes en servicio era tan importante que algunas comarcas carecían de patrullas policiales por las noches y en otros casos, durante todo el día. El sindicato de Mossos USPAC envió el pasado agosto una carta al Tribunal Supremo pidiéndole que se replanteara este dispositivo Toga ante el repunte de la delincuencia por la falta de efectivos.