El veto al decreto del alquiler exhibe la soledad del Govern

Un Govern en minoría que no encuentra apoyos y con las costuras internas sometidas a una enorme presión por la tensión perenne entre los socios que lo forman. Ese es el paisaje que deja el debate sobre el decreto para el control del precio de los alquileres en el Parlament.  Un debate clave en lo político porque suponía ver el grado de empatía entre el Ejecutivo y aquellas únicas fuerzas que podrían colaborar (por aquello de ser soberanistas) en alargar la legislatura de manera más o menos cómoda, es decir, los ‘comuns’ y la CUP. Y la reacción de estos fue la anunciada. Juntaron sus votos con el resto de la oposición  para tumbar la medida.

Y la duda es inmediata. Si este decreto, que tanta polémica interna  causó en el Govern porque afectaba a la sustancia ideológica de los dos socios, el de centro-izquierda, ERC, y el de centro-derecha (JxCat) por aquello de regular un mercado libre, no consigue siquiera la mera aprobación de la CUP y los ‘comuns’, ¿qué lo conseguirá? No parece que sea, por tanto, el mejor precedente cara a la negociación presupuestaria que, se supone, llegará en otoño.

Calvet insiste en que no dejará de intentar contener los alquileres

Un decreto que nació ya con mal pie, entre acusaciones de electoralismo. Fue la parte republicana del Govern, la ‘conselleria’ de Justícia, la que lo promovió la medida, en plena campaña de las elecciones municipales, para disgusto y enfado de la parte posconvergente. Cierto es que, pasados los comicios, y quizá para no alimentar más esa imagen de cisma continuo que rodea al Ejecutivo, Justícia y la Conselleria de Territori han remado públicamente en la misma dirección. También los grupos parlamentarios que, a diferencia de lo sucedido el martes con la ILP para redebatir y aprobar la DUI del 2017, mostraron este miércoles unidad de destino en lo intelectual.

La lucha por la convalidación

Claro que, una vez promulgado el decreto como Govern, la batalla de convalidarlo en el Parlament se tornó común. Más allá de que cada uno juegue sus bazas, como es el caso de Territori y ese segundo intento, anunciado para otoño, de aprobar el decreto de medidas urgentes para mejorar la vivienda que tuvo que ser retirado en abril, ante la falta de apoyos. Un decreto que cubre otra parcela de la emergencia habitacional, la que se vincula con la vivienda protegida y con las áreas de expansiónd e los municipios.

Sobre el decreto para el control de los precios de alquiler las entidades sociales mostraron su oposición por cuanto entienden que el texto permite que los precios de alquiler, ya muy por encima de los máximos asumibles, puedan crecer hasta un 10%. Un 20%, si hay rehabilitación, lo que permite ya una gatera por donde los constructores pueden seguir aplicando sus aumentos a discreción.

También expresaron sus dudas los miembros del Consell de Garanties Estatutàries que entienden que la Generalitat invade competencias del Estado, que es quien puede regular la materia. “No podemos permitir que se ponga el mercado por encima de las personas”, señaló la ‘consellera’ Ester Capella en el Parlament, sobre el dictamen del consejo de garantías: “Se ha extralimitado”, sentenció.

“Este decreto ha contado con la oposición del ‘establishment’, señaló Capella, en cuya formación, junto a Ciudadanos, a las patronales empresariales y al Banco de España,  alineó al PSC, uno de los que solicitaron el dictamen. “Si el Parlament tumba este decreto”, preguntó Capella a las bancadas de la CUP y los ‘comuns’, “¿quién cree que lo celebrará?”. 

Cosquillas a los 'buitres'

La respuesta de los ‘comuns’ fue inmediata: Dijo Susana Segovia que este “decreto hace cosquillas a los ‘fondos buitre’. Y siguió: “El texto supone un tiro al pie. No se ha hecho bien. No se ha consultado al Sindicat de Llogateres. Y se basa en un índice de referencia que toma como base el mercado. No se puede regular el mercado tomando como punto de partido los precios de mercado”.

Maria Sirvent de la CUP fue igualmente contundente contra el decreto y contra sus promotores. “Quieren que enmendemos un decreto sin potestad sancionadora y que pone en el mismo nivel a inquilinos y propietarios. Que toma como referencia el precio de mercado actual, los mismos precios que han provocado una situación de emergencia”, aseveró.

El PSC, vía Rosa Maria Ibarra, no dejó pasar las reiterada alusiones de la ‘consellera’ a su fuerza y replicó recordando, precisamente, el presunto carácter “electoralista” de la medida: “ERC trató de ponerse una medalla en la semana de las elecciones”,  apuntilló Ibarra. Culminó el contraataque socialista apelando al dictamen del consejo consultivo y recordando que el camino apropiado sería promover un proyecto de ley y registrarlo en el Congreso . “Ya sabemos que no les gustan [al Govern] los díctamenes que no se ajustan a sus acciones”, remachó la diputada socialista.