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INICIATIVA POLÉMICA

El decreto para limitar el precio de los alquileres, en el aire

Todos los grupos de la oposición rechazan la iniciativa del Govern que se debate en el pleno

El Ejecutivo intenta persuadir a los partidos para que se abran a tramitarlo como proyecto de ley

Júlia Regué

El Govern se enroca en llevar el decreto ley que limita el precio de los alquileres al hemiciclo catalán para ser convalidado pese a que todos los grupos de la oposición lo rechazarán, por lo que piden que lo retiren del orden del día. La última esperanza del Ejecutivo, como expresó la portavoz Meritxell Budó, es que algunos partidos se abran a tramitarlo vía proyecto de ley, para que se puedan añadir enmiendas del resto de fuerzas que, por ahora, les dan la espalda. 

JxCat y ERC necesitan el apoyo de algún otro grupo para que su iniciativa prospere y trataron de cambiar el posicionamiento de los 'comuns' y la CUP hasta pocas horas antes de la votación. La 'consellera' de Justícia, Ester Capella, se reunió el martes por la tarde con los dos partidos y el Sindicat de Llogaters para tratar de convencerles, pero, durante un encuentro que resultó muy complicado, según algunos de los asistentes, y no lo consiguió.

Según fuentes conocedoras de la reunión, Capella les ofreció no declarar ninguna zona "tensa" (aquellas que se categorizan con una falta acreditada de vivienda asequible) hasta que se aprobase la iniciativa por la vía de proyecto de ley, algo que declinaron. La normativa redactada propone que los precios de alquiler no puedan superar en un 10% el índice de referencia de la Generaliat en barrios y ciudades con esta tipificación, excepto en Barcelona, donde la dejan en manos de Ada Colau. Ahora bien, contemplan excepciones que podrían elevar este umbral hasta el 20% .

El 'conseller' de Territori, Damià Calvet, insistió en que "es un instrumento que necesitamos como sociedad" y en que "es mejor tenerlo que no tener nada". El decreto ley se aprobó en el consell executiu celebrado el pasado 21 de mayo, en plena campaña electoral, y levantó una oleada de críticas por parte de entidades por el derecho a la vivienda porque consideran que el tope se fija sobre los precios que acarrea la "burbuja inmobiliaria" y no se corresponden a los ingresos de la población. Además, reprochan que no valga para las renovaciones de contratos vigentes y que no contemple sanciones a los propietarios. 

Sin apoyos 

Cs y el PPC cargaron contra el decreto al diagnosticar una "absoluta ilegalidad" en el contenido acogiéndose al informe del Consell de Garanties Estatutaries que afirma que la medida contraviene el Estatut y la Constitución al superar el ámbito competencial autonómico. Los socialistas se fijaron en la "falta de diálogo" para elaborar la normativa y aseguraron que la medida es "insuficiente". Los 'comuns' afearon al Govern no haber consensuado el texto con entidades sociales, un extremo que también acentuó la CUP

Los ’consellers’ Ester Capella, Damià Calvet y Teresa Jordà antes de la reunión del consell executiu.

Los ’consellers’ Ester Capella, Damià Calvet y Teresa Jordà antes de la reunión del consell executiu. / ALBERT BETRAN