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JUICIO DEL 'PROCÉS'

La fiscalía prevé mantener la rebelión contra los líderes del 'procés'

La Abogacía del Estado considera firme la acusación por sedición, pero se reserva la posibilidad de revisarla aún

El tribunal rechaza el careo entre Pérez de los Cobos y Ferran López y comienza a ver los vídeos

Ángeles Vázquez

Los fiscales Fidel Cadena y Javier Zaragoza.

Los fiscales Fidel Cadena y Javier Zaragoza. / POOL / J.J. GUILLÉN

Los ríos de tinta que corrieron sobre la posibilidad de que la fiscalía modificara su acusación contra los líderes del 'procés' para rebajar su petición de un delito de rebelión a otro de sedición se han quedado secos. El ministerio público considera que la prueba practicada durante el juicio, lejos de rebajar sus expectativas de condena, las ha corroborado, por lo que no ve motivo alguno para rebajar la acusación por rebelión que formuló en conclusiones provisionales. Esta semana, en cuanto concluya la prueba documental, en la que se están viendo los vídeos propuestos por las partes, tiene previsto elevarlas a definitivas. 

Algo menos tajantes se muestran las fuentes consultadas por este diario tanto en la Abogacía del Estado como en la acusación que ejerce Vox. Ambos coinciden en considerar "firme" su acusación, aunque la primera crea lo ocurrido sedición y la segunda, rebelión, con penas que llegan a triplicar las solicitadas por la fiscalía. No obstante, ambas acusaciones quieren reservarse hasta el último momento la posibilidad de modificarlas, aunque sea solo para retocar los años de prisión solicitados. 

Únicamente podrán hacerlo cuando termine la prueba documental. De momento solo se han visto los vídeos en los que la fiscalía y la abogacía del Estado quieren apoyar su acusación. La mayoría de ellos también valdrían para las defensas, porque en muchos de ellos la resistencia y la agresión cambiaba desde el ángulo en que se mirara. En muchos, los gritos de independencia o votaremos ensordecieron la sala de vistas, pero mientras unos se fijaban en la resistencia pasiva de la ciudadanía, los otros veían cómo un agente resbalaba y caía al suelo donde recibía una patada en la cabeza.

Incapaz de decir dónde

La prueba transcurrió sin más incidente que la protesta de las defensas, al admitir el fiscal Jaime Moreno que le "encantaría" poder decir el lugar al que pertenecían las grabaciones, pero que era "incapaz", porque lo desconocía, pero solo quería acreditar "el clima que había en Catalunya". Hasta después de comer no hizo los deberes y empezó a situar las imágenes que se proyectaban para refrendar su acusación. El ministerio público da una especial relevancia a los testimonios prestados ante el tribunal por alrededor de un centenar de policías y guardias civiles que contaron al tribunal cómo vieron expresiones de odio que no entendían cada vez que intervenían.

Para entonces el tribunal había marcado los límites de la documental: impidió, por ejemplo, que se oyeran valoraciones de periodistas en los vídeos, según el criterio que había impuesto en los documentos aportados, como el de Enfocats o la moleskine del número dos de Economia, Josep Maria Jové, que se aceptaron sin los informes de la Guardia Civil que los valoraban.

Ningún careo

También había rechazado, por entenderlo innecesario, el careo solicitado por la defensa del 'exconseller' Joaquim Forn entre el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y el comisario de los Mossos Ferran López, que se quedó al frente del cuerpo durante la aplicación del 155 y fue quien asistió a las reuniones de coordinación. La Sala considera que la contradicción detectada entre ambos se reproduce en "numerosísimos" testimonios y le corresponde a ella, al valorar la prueba, determinar a quién da más credibilidad.

La decisión pasaba por respaldar a la fiscalía al entender que "no puede convertir su error", al atender las "indicaciones que la Sala hizo sobre la prueba documental, en una renuncia (de la prueba), porque el Código Civil dice que debe ser expresa. Y el fiscal la ha reivindicado una vez y otra". Y por si hacía falta, justo el día en que Estrasburgo rechazaba una demanda independentista contra la suspensión del pleno del Parlament del 9 de octubre, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, explicaba que la víspera había obligado a leer toda la prueba documental propuesta para que "la práctica se ajuste al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por los precedentes que conocen las defensas", que no nunca han escondido que es allí donde confían que se les acabe dando la razón.

Sin respuesta

Tras los últimos cambios de calendario del Supremo, será previsiblemente el día 4 cuando la fiscalía y el resto de acusaciones realicen sus informes de conclusiones. La posición finalmenta adoptada por la fiscalía se anunció en cierto modo la semana pasada cuando presentó un escrito que nadie había solicitado en el que instaba al tribunal a comunicar al Congreso que debía suspender a los presos elegidos diputados por la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal previsto.

El alto tribunal ni siquiera ha dado contestación al escrito al entenderlo innecesario con la decisión que la Cámara ya había tomado. Además, su tramitación habría sido contraproducente para lo que realmente pretendía el fiscal, porque habría retrasado la suspensión que instaba. 

Las defensas defenderán sus informes de conclusiones a partir del día 11, en vez de el 10 como estaba previsto, según informaron fuentes jurídicas. El tribunal ha previsto que se prolonguen también hasta el día 12, por lo que ese día el juicio podría quedar visto para sentencia. Dependerá de la extensión de los alegatos de la defensa y del número de acusados que decidan utilizar su derecho a la última palabra.

Hasta 25 años 

En sus conclusiones provisionales el ministerio público pedía hasta 25 años para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; para el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell se queda en 17 años de cárcel. 

Para los que eran miembros del Govern de Puigdemont acusados de rebelión y malversación la pena es de 16 años de cárcel. Son Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. El resto de 'exconsellers', acusados de malversación y desobediencia, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila pide siete años de cárcel.