Iglesias pide hablar más de la Constitución y menos de ETA

La Constitución se ha convertido en el principal recurso de Pablo Iglesias para atacar a sus adversarios políticos. Desde su regreso a la política activa, el candidato de Unidas Podemos saca a relucir la carta magna en la mayoría de sus mítines para denunciar que aquellos artículos que más protegen a la ciudadanía no se cumplen. Este lunes, el líder morado fue un paso más allá. Desde Palma de Mallorca acusó a PP y Cs de hablar más de la banda terrorista ETA que de cómo implementar la norma fundamental. Con su programa electoral en la mano, Iglesias arrojó el guante al resto de los partidos para realizar un debate en el que explique "qué están dispuestos a hacer para que se cumpla" la Constitución.

"Este documento, algunos, lo han querido convertir en un arma con el que golpear al adversario", proseguía, "y les convendría saber que no hay dos artículos en esta constitución, el 135 -establece el concepto de 'estabilidad presupuestaria' que no permitió un incremento en el déficit en los fallidos Presupuestos Generales de 2018- y el 155 -aplicado para suspender la autonomía de Catalunya en octubre de 2017-, que hay muchos más", señaló ante un medio millar de personas nada comparable a las 5.000 que congregaron cuatro años atrás.

Podemos confía en evitar la debacle con el voto indeciso

Derecho al trabajo

Consciente de que peligran uno de los dos diputados que obtuvieron en el archipiélago balear en 2016, Iglesias trató de afianzar a los leales y con un discurso poco atrevido habló de uno de los problemas que más afecta a las islas, la estacionalidad del trabajo. Un mensaje que centró en la precariedad de las camareras de piso.  

Así, tras la lectura el artículos de la Constitución que recoge el derecho al trabajo, Iglesias enumeró algunas de las medidas que proponen para regular el mercado laboral: la duración de los contratos temporales entre uno y seis meses; terminar con el fraude de las horas extras; acabar con la brecha salarial o alcanzar un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros al final de la próxima legislatura.