Conflicto en el Govern y el Parlament por el presupuesto de la Cámara

La convulsa política catalana sigue proporcionando paradojas. La última: un conflicto entre dos de las principales instituciones, el Parlament y el Govern. La Cámara catalana exige al Ejecutivo de Quim Torra que le inyecte 7,5 millones de euros más para cumplir con el presupuesto que se autoasignó el pasado diciembre, y que asciende a 61 millones de euros. La Mesa del Parlament ha elevado la exigencia a la Generalitat, con un informe jurídico en el que se alega que no es excusa que Torra no haya ni presentado las cuentas de la Generalitat y siga trabajando con las cifras del 2017. La respuesta del Govern, también por carta, ha sido negativa, alegando que "no entiende como obligatoria la necesidad de pagar" el incremento de presupuesto del Parlament para este año.

Según fuentes parlamentarias, es obligación del Govern atender al Parlament y desbloquear las cantidades. Se trata epecialmente de poder pagar los incrementos de sueldos de los funcionarios de la Cámara, y sus aumentos por antigüedad o productividad, en relación al 2017. Para rechazar esta pretensión, la Generalitat alega que están en prórroga presupuestaria y que, por lo tanto, no puede afrontar el este incremento.

Las mismas fuentes han asegurado que en el Parlament hay "unanimidad en defender la autonomía parlamentaria", por lo que entienden que, si la Cámara ha aprobado sus presupuestos, el Govern debe dotarlos al margen de si ha aprobado o no los suyos. Además, están convencidas de que se acabará solucionando y confían en que "acabará habiendo acuerdo seguro". Pese a todo, otras fuentes parlamentarias han lamentado que esto pone al Parlament en una situación de "incertidumbre" sobre cómo gestionar su dinero, aunque aseguran que no hay riesgo para pagar los sueldos de los trabajadores de la institución.

La cola de reclamaciones

El caso es paradigmático porque se trata de un conflicto entre dos poderes gobernados por la alianza entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Y viene a poner sobre la mesa una más de las consecuencias de no disponer de presupuestos. Una más, porque los 7,5 millones de euros que exige con firmeza el Parlament no son sino una más de las numerosas deficiencias que están revelando la falta de proyecto presupuestario. Hace unos días, la Confederació Empresarial del Tercer Sector denunció que lleva una década reclamando a los distintos gobiernos que actualicen, que incrementen, las tarifas que pagan a las entidades sociales que prestan servicios tan esenciales como los de atención a la infancia y a la adolescencia, la discapacidad, las personas mayores o los menores inmigrantes no acompañados.

La cola de damnificados por la falta de presupuestos es larga, y afecta también a acuerdos tomados en el debate de política general del Parlament el pasado mes de octubre cuando, en varias ocasiones contra el criterio de los partidos del Govern, se aprobó incrementar las inversiones en renta mínima, guarderías, atención a las personas mayores u otros servicios sociales básicos.

Ahora es la misma institución del Parlament, la que ha votado en varias ocasiones en favor de estos colectivos y necesidades, la que levanta también la bandera de la reivindicación. Las entidades sociales, los muncipios y los funcionarios del Govern -bomberos, Mossos, médicos- se manifiestan habitualmente ante las puertas del Parlament. La paradoja final sería que ahora fueran los mismos trabajdores de la Cámara y su mesa los que hicieran lo mismo frente al edificio del parque de la Ciutadella de Barcelona.