30 nov 2020

Ir a contenido

"SÍMBOLOS PARTIDISTAS"

La guerra de los lazos amarillos culmina en un cruce de querellas

Torra acusa a la Junta Electoral de prevaricar y la fiscalía abre la vía para inhabilitarle

El Govern acata la orden de descolgar el símbolo soberanista de su sede en Londres

Miguel Ángel Rodríguez

Miembros del equipo de Torra cuelgan una nueva pancarta en el Palau, tras retirar las dos anteriores: Libertad de opinión y expresión.

Miembros del equipo de Torra cuelgan una nueva pancarta en el Palau, tras retirar las dos anteriores: Libertad de opinión y expresión. / ACN / BERNAT VILARÓ

Después de la tormenta no siempre llega la calma. La que se desató por los lazos y las ‘estelades’ colgados en los edificios públicos catalanes, por ejemplo, ha derivado en querellas cruzadas, que se materializaron este miércoles. La de la Fiscalía Superior de Catalunya contra Quim Torra, por no haber atendido a tiempo el mandato de retirar los símbolos independentistas; y la del presidente de la Generalitat contra la Junta Electoral Central (JEC), por presunta prevaricación.

Las dos querellas estaban ya anunciadas la semana pasada, cuando terminó la disputa por los lazos con el acatamiento tardío de Torra. La fiscalía acusa al ‘president’ de desobediencia por desatender «reiteradamente» los avisos de la Junta Electoral, lo que "incide en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía", que en periodo electoral "debe ser tutelado y preservado".

Torra intentó burlar el ultimátum de la JEC del 18 de marzo sustituyendo la pancarta a favor de los «presos políticos» y con el lazo amarillo por otra con el mismo mensaje pero con un lazo blanco. La fiscalía considera que con esa actitud buscaba «enmascarar» su desacato al mismo tiempo que mantenía los mensajes "partidistas". El ‘president’ se enfrenta ahora a un proceso que puede derivar en una condena por inhabilitación para cargo público por un tiempo de entre seis meses y dos años.

Pese a que gran parte del independentismo, también el institucional, quiere pasar página cuanto antes de la polémica, el presidente de la Generalitat respondió con otra querella. En su opinión, la actuación de la fiscalía contra él deja claro que "la represión no cesa", y que "el Estado español es incapaz de tolerar la discrepancia política". Por ello, emprende acciones legales contra la Junta Electoral, y advierte de que, si el Tribunal Supremo las rechaza, "llevará el caso hasta donde haga falta si en el Reino de España no se quiere investigar los hechos".

Sin embargo, la Generalitat no ha planteado batalla en el otro frente de la guerra de los lazos que se abrió este miércoles en Londres. A instancias otra vez de Ciudadanos, la Junta Electoral ordenó retirar el lazo que se exhibía en la fachada de la sede de la delegación del Govern en el Reino Unido. Dio un plazo hasta las 11.00 horas del jueves para que se descolgara, pero ayer por la tarde ya había desaparecido. La oficina catalana colocará "en los próximos días" un cartel de promoción de la fiesta de Sant Jordi de este año, que se celebra también en el Reino Unido con actos de venta de libros y rosas.

En cambio, la Junta Electoral no ve problema en la pancarta con la que Torra sustituyó a la que le ha valido la querella de la fiscalía, y que es la que puede verse ahora en el balcón de la plaza de Sant Jaume. El organismo no ve partidista el nuevo texto, que reivindica la "libertad de opinión y expersión", y por tanto no debe retirarse.

"Como la bandera española"

La polémica sigue dejando reacciones políticas. Adam Majó, director de la oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, afirmó que "es tan poco neutral la bandera española" que ondea en los edificios públicos "como un lazo amarillo". El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, candidato de JxCat al Congreso por Girona, aseguró que el objetivo del Estado es "intentar inhabilitar a Torra", y que "trabajará en esa línea" con todas sus fuerzas. El Gobierno, en cambio, se felicitó de la querella de la fiscalía contra Torra: "El poder judicial sabe lo que hace", dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.