30 mar 2020

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movimiento de la Abogacía del Estado

El juez que suspendió las obras para exhumar a Franco se aparta tras ser recusado

Yusty se opuso a la Ley de Memoria Histórica en un artículo de 2007

El magistrado que frenó la privatización sanitaria de Aguirre asume la causa

El Periódico

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

El magistrado José Yusty, quien suspendió hace unas semanas la licencia de obras para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha paralizado su actividad judicial sobre el asunto después de que la Abogacía del Estado planteara un incidente de recusación

La maniobra del Ejecutivo se fundamenta en el artículo de 2007 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta', en el que el magistrado mostraba su oposición a la Ley de Memoria Histórica afirmando que era "una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo". Este organismo entiende que se le debe apartar del procedimiento en el que acordó suspender de forma cautelarísima el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia para la exhumación del dictador. Aún queda pendiente de resolución la cuestión de fondo del recurso presentado por un particular contra la decisión del Consistorio de 26 de noviembre de 2018. 

Tras recibir el escrito, el magistrado ha suspendido la actividad del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, tal y como marca la Ley cuando se producen estos casos. Así, ha dado trasladado del escrito a las partes para que hagan sus alegaciones.  El juez también tendrá que hacer un escrito propio en el que asuma o no la recusación.  Todos los escritos de las partes serán remitidos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que nombrará a un instructor para estudiar la recusación.

Yusty estimó la petición de medidas cautelarísimas planteada por la familia Franco y acordó oír a las partes para mantener o levantar la suspensión urgente acordada.  

Nuevo juez

En cuanto al procedimiento judicial, pasará a manos de Carlos Gómez Iglesias, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid. Gómez Iglesias es conocido por ser el juez que frenó en 2013 la privatización sanitaria en el entonces Gobierno de Esperanza Aguirre. En concreto, suspendió la privatización de la gestión de seis hospitales hasta que hubiera sentencia firme sobre el proceso.

En noviembre de 2016, también reprendió a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por no tratar por igual a Uber, Cabify y el taxi en las restricciones al tráfico que ordenó de la Gran Vía. Entonces, decidió suspender provisionalmente el decreto por el que se establecía la restricción del tráfico desde el 2 de diciembre hasta el 8 de enero. En noviembre de 2017, admitió un recurso de un policía municipal de Madrid contra la sanción que le impuso el Ayuntamiento por desnudarse durante una concentración convocada para reivindicar mejoras en el convenio colectivo del cuerpo.

Los argumentos de Yusty

Yusty dictó el pasado 25 de febrero un auto en el que acordaba la suspensión mientras se resuelve el fondo del recurso. El juez fundamentaba en su resolución que "no se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue jefe del Estado puesto que lleva enterrado en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975". Añadió que "se trata de remover unas losas de mármol que a su vez tapan una losa de granito de al parecer dos mil kilos de peso y no hace falta ser arquitecto, ni ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que puede causar daños a las personas". También aludía al dictamen de dos arquitectos que en su opinión no se ha realizado un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación, teniendo en cuenta que la basílica contiene una cripta que necesariamente ha de ser grande con partes huecas de tal forma que el movimiento de la losa de piedra de dos mil kilos puede desestabilizar el conjunto.

Por ello el juez consideró que "una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin garantías técnicas y mecánicas poniendo en peligro la vida o la integridad de los operarios que intervengan en la operación, que no serán pocos", cuando además entiende que no es una obra urgente.