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Política penitenciaria

Los otros presos vascos

Medio millar de reclusos no etarras originarios de Euskadi cumplen condena fuera de su tierra sin que partidos ni instituciones reclamen su acercamiento

Juan José Fernández

La plataforma Sare instaló en los últimos días de diciembre de 2018 en Pamplona esta simulación de una celda para socializar la conculcación de los derechos humanos de los presos vascos. Se refiere a los reclusos de la banda terrorista ETA.

La plataforma Sare instaló en los últimos días de diciembre de 2018 en Pamplona esta simulación de una celda para socializar la conculcación de los derechos humanos de los presos vascos. Se refiere a los reclusos de la banda terrorista ETA. / VILLAR LÓPEZ (EFE)

El Gobierno Vasco, el PNV, la izquierda aberzale y organizaciones afines intensificarán en 2019 sus campañas en pro de que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga fin a la dispersión de presos de ETA y entregue las competencias penitenciarias. El año 2018 acabó en Euskadi con un llamamiento de la plataforma vasca Sare –filial de la organización de familiares de presos etarras Etxerat– pidiendo "pasos a favor de los presos" porque "así lo exige la nueva situación política" y "porque es la base de la paz general e integral".

Y la misma entidad quiere comenzar el año con su acostumbrada y "masiva" manifestación en Bilbao, el día 12, "por los derechos lxs presxs". El entrecomillado es de una hoja de la campaña Orain Presoak (Ahora los Presos) que Sare ha distribuido estas navidades a los bares de la capital vizcaína. "Se les pide a los estados español y francés que tiene que cambiar la política penitenciaria y dar pasos hacia la resolución", dice la nota.

"Esta manifestación traerá a miles de personas a Bilbao y, por eso, a los bares del Casco Viejo os agradeceríamos mucho vuestra ayuda", añade la misiva, para concluir: "Os pedimos una aportación de 20 euros, y vuestro bar aparecerá como bar colaborador en los boletines informativos que distribuiremos ese día". Pero esa manifestación no será por todos los presos vascos. Ni siquiera por la mayoría.

Esta hoja petitoria reparte la plataforma Sare entre los bares del casco viejo de Bilbao de cara a su manifestación pro presos de ETA convocada para el 12 de enero / EL PERIÓDICO

Desde hace 30 años está acuñado en Euskadi el apelativo de "presos vascos" –en extenso, "presos políticos vascos” o, por resumir, "los presos"– para un colectivo que cumple condena en 40 cárceles españolas y 11 francesas por su implicación con el terrorismo de ETA y que integran 270 personas. Pero en las celdas españolas hay, según datos de Instituciones Penitenciarias, 1.580 presos con el País Vasco declarado como lugar de residencia. De ellos, 1.310 son comunes. Estos otros presos vascos son casi cinco veces más que los etarras. Y de ellos, 511 (casi el doble que los de ETA) penan fuera de su tierra pese a que la ley aconseja el cumplimiento de la condena cerca de las familias y los abogados.

Cuestión de visibilidad

La plataforma Sare no llama "campaña" a Orain Presoak: la define como "una dinámica". Rompiendo con el viejo estilo de las marchas con ikurriñas y mapas negros de Euskal Herria, Sare la presentó en junio pasado con frescos logotipos nuevos y el apoyo de personalidades "de la sociedad civil", entre las que hay caras aberzales de siempre: Olatz Iglesias (la hija del etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'), Martxelo Otamendi (veterano periodista de medios aberzales), Patxi Zabaleta (fundador de Aralar) o el exconsejero de Justicia y dirigente de Eusko Alkartasuna Joseba Azkarraga.

Sare terminó 2018 en Pamplona con una movilización de diseño, un poco a la catalana, instalando en la capital navarra una simulación de una celda, con catre y todo. Durante los días 28 y 29 de diciembre, cada media hora se encerró una persona ante los viandantes para "socializar la conculcación de los derechos humanos de los presos vascos", explicaba la entidad.

Concentración de familiares de presos de ETA ante los muros de la cárcel donostiarra de Martutene en 2011. / EUROPA PRESS

Con el traslado de cuatro etarras el pasado 20 de diciembre desde cárceles andaluzas a prisiones de León, Asturias y Burgos, Interior completó 17 acercamientos de presos de la banda terrorista ETA en 2018. Solo siete reclusos de ETA cumplen condena en el País Vasco. Dos de ellos están en prisión atenuada, y otro en una clínica de daño cerebral. El grueso del colectivo cumple en Andalucía (78) y en prisiones valencianas (43). Y por ellos protestan sus familias, que hacen miles de kilómetros para visitarlos.

Pero las performances urbanas y las campañas no citan a los otros reclusos vascos que residen a parecidas distancias. "El preso social tiene menos visibilidad que el de ETA –explican desde la ONG alavesa Salhaketa, dedicada a planes de reinserción de reclusos–. No tienen organizaciones ni partidos detrás, ni sus familias están orgullosos de ellos".

Drogadictos y pobres

A buena parte de estos 1.310 presos vascos los arrasó la heroína y la cocaína arremolinadas en duros rincones de Basauri, Bermeo, Portugalete, Olabeaga... En sus fichas hay delitos contra la salud pública o de robo con fuerza. Los representa bien el Cacheiro, mítico delincuente de Santurtzi, cuya banda llegaba a cometer varios atracos al día en el verano del 80, y que acabó rebuscando en los contenedores. "Estos no son prioridad para el lehendakari, ni para Moncloa, ni para nadie –ironiza un veterano funcionario de prisiones con destino en Castilla–. El PNV no quiere gentuza".

Fuentes del Gobierno Vasco admiten a EL PERIÓDICO que no hay entre el panel de la Secretaría General de Derechos Humanos –desde la que Jonan Fernández clama contra la dispersión de presos de ETA– planes de acción social para los sujetos de esta otra diáspora. Aunque el ejecutivo de Vitoria sí subvenciona a las ONGs de ayuda penitenciaria.

Por los 806 presos comunes que cumplen en Euskadi se interesa la ONG de pastoral penitenciaria Bidesari, del obispado de Bilbao, o la mencionada y laica Salhaketa. Por los que están fuera es mucho más difícil, porque es caro visitar a los 23 vascos no etarras en cárceles andaluzas, o los 29 en prisiones gallegas.

Cuadro estadístico de lugares de cumplimiento de pena de los presos vascos. / EL PERIÓDICO

La mayoría de estos otros presos vascos dispersos, 308, están en cárceles de Castilla y León; cerca, si se trata del penal de Burgos, y muy lejos si es en la dura cárcel salmantina de Topas. Una parte de ellos, pese a ser vascos de origen, han desarrollado arraigo cerca de donde cumplen condena; otros son extranjeros residentes en Euskadi; y una porción no medida, pero que en Salhaketa consideran "mayoritaria" carece de recursos "como para  costearse un letrado" que les ayude en el trámite de pedir el cumplimiento de pena en el lugar de origen. Con suerte, si lo hay, tendrán la ayuda del Turno de Oficio Penitenciario, caritativa pero escasa institución de los colegios de abogados. No es, claro, el caso del único preso vasco de la cárcel de Brieva (Ávila), el recluso más solitario de todo el mapa penitenciario, un alavés de nombre Iñaki Urdangarin.

No es imprescindible un abogado para rellenar una instancia pidiendo traslado de prisión –muchos presos se ayudan entre ellos a rellenar papeles o se los escriben educadores sociales–, "pero lo difícil es motivar la petición, aportar certificados de empadronamiento u otros que demuestren arraigo en un lugar y sirvan para apoyar la petición cuando llegue la revisión de grado", explica una portavoz de Salhaketa.

Pocas plazas

Hay en la propia geografía penitenciaria de Euskadi explicaciones a tanta dispersión de los otros presos vascos: las cárceles vascas no dan más de sí. Con 89 celdas, y en pleno casco urbano, la prisión de Basauri (Vizcaya) acoge a internos con condenas cortas y preventivos. La decrépita Martutene de Guipúzcoa, con cuyo desmantelamiento se especula a menudo, tiene presos de cumplimiento, pero nunca más de 300, y son muchos para una cárcel que en 1948 se inauguró pensando en 150 inquilinos. Y la otra prisión vasca, la flamante de Zaballa, cerca de Nanclares (Álava), tiene 720 celdas (no todas en uso), capacidad para millar y medio de presos, pero no tiene módulo para los de primer grado, los de peor comportamiento.

Cuando uno de los 806 vascos recluidos en Euskadi se porta mal y es pasado a primer grado o a aislamiento, generalmente se le traslada a Dueñas (Palencia) o a Zuera. Y hay diferencia: la cárcel castellana es considerada una de las duras. Se llama Centro Penitenciario La Moraleja, pero no tiene nada de lujoso: hay muchos extranjeros entre sus 1.200 reclusos, abundan los delitos de sangre en sus archivos y no hay en la provincia un turno de oficio penitenciario. Para Zuera, al menos, sí lo tiene el Colegio de Abogados de Zaragoza.

Curiosamente, no hay presos comunes vascos en cárceles de Catalunya, donde la presencia de reclusos españoles no catalanes "es testimonial, al año no llega a 50" de más de 7.000, explican fuentes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Etarras no hay ninguno, como tampoco yihadistas. Los delitos de terrorismo los juzga la Audiencia Nacional, e Interior no ha contado nunca en su política de dispersión con "un sistema penitenciario distinto, como el catalán", explican estas fuentes. Quizá es porque "los presos son información", aventuran.