Justicia ofrece a jueces y fiscales un incremento salarial para sus categorías más bajas

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha reunido esta tarde con los representantes de siete asociaciones de jueces y fiscales para retomar el diálogo tras la huelga convocada en ambos colectivos el pasado 19 de noviembre. Durante el encuentro, Delgado ha puesto sobre la mesa una propuesta para incrementar el sueldo de los jueces y los fiscales de menor categoría, los que mantienen las peores condiciones salariales en ambas carreras.

La mejora propuesta afectaría a 908 fiscales y 789 jueces (1.697 en total) que prestan servicio en los partidos judiciales de menor población. A todos ellos se destinaría la cantidad de 1.318.427,18 euros correspondientes a los fondos adicionales de la masa salarial de magistrados, jueces y fiscales correspondientes al 2018. En total, la subida ascendería a 777 euros para cada uno de los beneficiados por la medida. Esa cantidad, computada como atrasos del presente ejercicio, se podría abonar en un solo pago en el 2019.

En el encuentro -al que, además de Delgado, han acudido el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte- también se ha recordado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados recupera otros derechos laborales de jueces y fiscales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales. 

Asuntos propios

Respecto de las vacaciones anuales, la nueva ley contempla la recuperación de los días adicionales por razón de antigüedad. También se recuperan los días de permiso para asuntos propios. En el caso del permiso de paternidad, se equipara al del resto de funcionarios y empleados públicos extendiéndose hasta las cuatro semanas. También se establece una cláusula residual para que cualquier mejora laboral aprobada para las Administraciones públicas se traslade de manera automática al ámbito judicial.

En el ámbito concreto del Ministerio Público, la ministra se ha comprometido a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan. Por ello, el ministerio ha anunciado que dará orden a la Abogacía del Estado para que desista de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo.

Nueva cita para enero

La ministra Delgado ha emplazado a todos los colectivos a una próxima reunión el 10 de enero para seguir avanzando en el estudio de sus reivindicaciones salariales. La ministra se había comprometido a reunirse con los responsables de las asociaciones antes de fin de año después de que el pasado 19 de noviembre protagonizaran un nuevo paro conjunto para reclamar más medios, mejoras retributivas y mayor independencia.

La reunión ha tenido lugar en vísperas de que llegue al pleno del Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la recuperación de permisos y licencias recortados durante la crisis en el sector de la justicia, una de las reivindicaciones de las asociaciones.

Elección de los vocales del CGPJ

Al pasar la proposición de ley por el Senado, el PP y Ciudadanos introdujeron también enmiendas para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), otra de las peticiones de jueces y fiscales para "despolitizar" la justicia.

Pero esa reforma volverá a votarse este miércoles en el Congreso y por el momento no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

"Pedimos a los representantes de la ciudadanía que demuestren sentido de Estado", subraya la asociación minoritaria Foro Judicial Independiente en una carta abierta a los grupos parlamentarios en la que les insta a cambiar un modelo "insostenible" que lleva a los ciudadanos a pensar que la justicia está manipulada por el poder político.