El fiscal solicita el ingreso inmediato en la cárcel de Oriol Pujol

El fiscal ha solicitado el ingreso en prisión inmediato de Oriol Pujol Ferrusola. El quinto hijo de Jordi Pujol y exdirigente de CiU fue condenado a prisión el pasado julio a una pena de dos años y medio de cárcel por el intento de amaño en la adjudicación de estaciones de ITV y cobrar comisiones ilegales para favorecer a empresarios amigos. Esa pena se le impuso tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, reconocer la acusación y aceptar esta condena. Este pacto permitió que a su mujer y también imputada, Anna Vidal, se le sustituyera 15 meses de prisión por una multa.

La fiscalía ha pedido el encarcelamiento del exdiputado de la extinta CiU atendida la "naturaleza y gravedad" de los hechos delictivos por el que fue condenado. En su informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la acusación pública sostiene que a Oriol Pujol se le impuso la pena de dos años y medio de cárcel "por delitos directamente relacionados con la corrupción política y económica". Recuerda que luchar contra esa "lacra" es "una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo", por cuanto "supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado". Por esta razón, incide, en casos como de Oriol Pujol "es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico".

La fiscalía rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Oriol Pujol, empezando por el jurídico. El abogado del hijo del expresidente de la Generalitat pretendía que se le suspendiera la ejecución de la condena teniendo en cuenta la reforma del Código Penal de marzo del 2015 que prevé, de manera excepcional, el no ingreso en la cárcel si la pena impuesta por cada uno de los delitos no supera los dos años de prisión y si se reúnen ciertas condiciones. El exdiputado aceptó y fue condenado a cinco meses de prisión por tráfico de influencias, ocho meses de cárcel por cohecho y un año y cinco meses por falsedad.

La fiscalía sostiene que no se puede aplicar este precepto porque debe aplicarse la legislación vigente cuando sucedieron esos hechos (2010-2012), y recuerda que recientemente se ha denegado la suspensión de penas privativas de libertad inferiores a dos años relacionadas con la corrupción política y económica. "La finalidad aflictiva de las penas privativas de libertad impuestas al penado no quedará colmada si no supone un efectivo ingreso en prisión" para su cumplimiento, subraya.

Como cualquier ciudadano

La acusación pública también rechaza los argumentos personales esgrimidos por Oriol Pujol, como que tiene tres hijos en edad de escolarización, que paga una hipoteca y los gastos sanitarios mensuales de su familia, que intenta rehacer su vida laboral trabajando como agente comercial o, incluso, que está llevando a cabo un voluntariado. A ello añade que su encarcelamiento "perjudicaría gravemente" a su entorno familiar y arraigo laboral y social. En este sentido, la fiscalía es especialmente contundente: "La situación que se describe no es distinta a la de muchos otros ciudadanos, sin que concurra ninguna circunstancia excepcional a tener en cuenta".

El informe precisa que sucede más bien lo contrario, pues su esposa, a la que se le sustituyó la prisión por una multa, "tiene estudios superiores y una profesión, por lo que puede perfectamente hacerse cargo de los tres hijos y de los gastos de la vivienda y sanitarios". "En España rige el sistema de sanidad pública gratuita, a la que el penado y su familia tienen derecho", insiste el informe.

La fiscalía reprocha a Pujol que "nada dice" sobre su segunda residencia en Urús (Cerdanya), a lo que añade que el exdiputado "pertenece a la familia Pujol-Ferrusola, siendo del dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos". En cuanto a su situación laboral, alega que como es autónomo no "existe riesgo de despido o puesto de trabajo a consecuencia de su ingreso en prisión". El exdiputado se había mostrado dispuesto a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. En su calificación provisional, la fiscalía reclamaba para el expolítico cinco años y dos meses de prisión.