Oriol Pujol, condenado a prisión por cobrar comisiones y usar su influencia en las ITV

La Audiencia de Barcelona ha condenado este viernes al exdiputado de CiU Oriol Pujol Ferrusola, exdirigente de CiU, a una pena de dos años y medio de cárcel por el intento de amaño en la adjudicación de estaciones ITV y cobrar comisiones ilegales para favorecer a empresarios amigos. La sentencia de la magistrada María del Carmen Zabalegui recoge el acuerdo al que llegaron los seis imputados, entre ellos el expolítico y su mujer, y que ratificaron el pasado martes. Es la primera condena que se dicta contra un miembro de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi PujolJordi Pujol, también investigada en la Audiencia Nacional por la fortuna que tiene en el extrajero y los negocios privados de la saga.  

A raíz de la sentencia firme, el abogado defensor de Oriol Pujol, Javier Melero, tiene previsto solicitar la suspensión de la ejecución de la pena para intentar evitar que el exdiputado ingrese en prisión. El letrado alegará que la condena es por tres delitos diferentes y que cada una de ellos comporta un periodo de privación de libertad que no supera los dos años. La fiscalía, sin embargo, ya ha anunciado que reclamará que el hijo del expresidente entre en un centro penitenciario.

Oriol Pujol admite el cobro de comisiones para evitar el juicio por el 'caso ITV'

Pujol pactó con la fiscalía para evitar el juicio con jurado popular y aceptó una condena de cinco meses de prisión por tráfico de influencias, ocho meses por cohecho y un año y cinco meses por falsedad en documento mercantil, así inhabilitación para empleo o cargo público y multas. A él y al resto de los acusados se les decomisará, además, 333.838 euros.

Su esposa, también condenada

La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, a través de la que el exdiputado cobró comisiones, ha sido condenada a una pena de 15 meses y 15 días de prisión por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad sustituibles por una pena de multa de 69.750 euros, además de una multa de 13.500 euros, con lo que en total debe pagar 83.250 euros.

Al empresario Ricard Puignou y Sergi Pastor, la jueza les ha impuesto cinco meses de prisión y su sustitución por una multa de 60.000 euros. El exalto cargo de la Generalitat, Josep Tous, ha sido condenado también a cinco meses de prisión, sustituible por multa, y el empresario Sergi Alsina, a dos años.

Según los hechos probados y aceptados por los acusados, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Catalunya, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir tal nombramiento.

El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern. Puignou pagó entre diciembre de 2010 y febrero de 2012 cantidades que oscilaban entre los 11.800 euros y 23.600 a Sergi Alsina a cambio de sus influencias políticas debido a su amistad con Pujol, y a su vez, Alsina pagaba mensualmente 2.360 euros a Josep Tous, el responsable de ordenar el sector.

El plan

Asimismo, según el plan "urdido y previendo el aumento de estaciones a adjudicar", los acusados Sergi Alsina y Sergi Pastor, liderados por Oriol Pujol, crearon la sociedad Upprime para que se viera favorecida en el reparto de lotes de ITV, aunque sus planes se truncaron y no se consumaron al saber a través de los medios que estaban siendo investigados.

En paralelo, entre el año 2010 y 2012, Sergi Alsina, a través de las consultoras Alta Partners y Bersenat hizo de intermediador en varias deslocalizaciones como la de Sharp en Sant Cugat del Vallès y Yamaha, y la instalación de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires, unos procesos en los que intervino Pujol facilitando contactos de altos cargos y beneficiando a los intereses de las empresas representadas por el empresario. Para "gratificar" la labor realizada por Pujol", Alsina contrató aparentemente los servicios de su esposa Anna Vidal en concepto de asesoría, que era ficticia, a cambio de retribuciones económicas.

El importe total de las facturas cobradas por Anna Vidal por servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2010 a 2012, fue de 381.450,40 euros. Estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por Oriol Pujol.

La sentencia considera que "la intervención de Oriol Pujol tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaban".