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DESDE MADRID

España y la obsesión catalana

La crisis de Catalunya está muy presente en la campaña electoral andaluza

La renovación de la cúpula judicial se vincula con el juicio del 'procés'

José Antonio Zarzalejos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al Rey, en la Cumbre Iberoamericana de Guatemala

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al Rey, en la Cumbre Iberoamericana de Guatemala / EFE / LAVANDEIRA JR

Hubo un tiempo en que se chacoteaba de que en Barcelona se hablaba más de Madrid que de la ciudad condal en la capital de España. Ya no es así. Parece que la medida de la política en nuestro país la da Catalunya, el proceso soberanista y el futuro de la crisis desatada desde el 2012. No hay realidad política general que se escape a la "contaminación" del argumento catalán. Es muy de prever que la recién iniciada campaña andaluza para renovar el Parlamento de aquella comunidad gire en torno al posicionamiento de los distintos partidos en liza sobre el proceso soberanista.

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España (8,5 millones) y la segunda en superficie. Nunca en el palacio de San Telmo se ha instalado un presidente o presidenta que no fuera socialista y las encuestas adelantan que Susana Díaz seguirá gobernando. Los socialistas andaluces han sido tradicionalmente los que han contrapesado a los catalanes y, orgánicamente, su federación la que ha enarbolado con más energía determinados valores sobre la unidad de España y sobre las políticas de solidaridad y cohesión interterritorial.

El PSOE, hasta la secretaría general de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un fuerte sello andaluz y vasco que cedió sus siglas en Catalunya al PSC respetando su singularidad mediante un protocolo que se renovó entre Miquel Iceta y Javier Fernández en marzo del 2017. Con Sánchez –contrafigura de Díaz las cosas han cambiado y el núcleo duro del PSOE no es andaluz, de modo que el presidente se paseará lo justo por los mítines de campaña. Los socialistas de allí no están seguros de que el impacto del presidente sea el mejor teniendo en cuenta que los andaluces son un tanto reacios a las políticas de desinflamación catalana de Moncloa.

Por el contrario, Albert Rivera e Inés Arrimadas se van a volcar. Él cubrirá la zona oriental de la región (Málaga) y ella, la occidental (Sevilla). En la misma línea, Pablo Casado desarrollará una maratón en los próximos días. Y los tres van a seguir el guion de la crisis catalana como amenaza a la cohesión de España, al flujo de transferencias de rentas y a la Constitución de 1978. Por su parte, Pablo Iglesias carece de discurso andaluz, ahora monopolizado por Teresa Rodríguez, que ha trabado un entendimiento con la IU de Antonio Maíllo.

Las cuentas y la Corona

Ocurre también que lo catalán –versión independentista– es inseparable de la aprobación de los Presupuestos, cada vez más improbables. Para Sánchez significaría un problema sacarlos adelante con ERC y PDECat cara al conjunto de España y, especialmente, en comunidades como AndalucíaExtremadura y Castilla-La Mancha. Al final se irá a la prórroga de los de los actuales. Por ese flanco también van a atacar Ciudadanos y el PP en abierta pugna recíproca. No faltarán alusiones a la Corona hostigada desde el secesionismo y Unidos Podemos. El Constitucional admitirá –contra el criterio del Consejo de Estado– el recurso del Gobierno contra la declaración del Parlament que reprobó a Felipe VI y pidió la abolición de la Monarquía.

Y en el sortilegio argumental de unos y de otros estará presente la renovación –un tanto torpe– del Consejo General del Poder Judicial y el próximo nombramiento de Manuel Marchena como su presidente y del Tribunal Supremo, con el consiguiente abandono del magistrado de la presidencia de la Sala Segunda, de la dirección del juicio oral contra los impulsores del proceso soberanista y de la ponencia de la sentencia.

Muchos sectores de la capital sospechan que una de las razones de la facilidad con la que el Gobierno ha aceptado la presidencia de Marchena en el CGPJ tiene que ver con la supresión de su protagonismo en la causa especial del 'procés' del  que este jurista canario sería el padre intelectual. En particular, de la tipificación penal de los hechos de septiembre y octubre del pasado año como delitos de rebelión. Tampoco se ha escapado a la observación política la inclusión en el CGPJ, muy a última hora, de la que fuera responsable de Trabajo en el equipo del 'president' José MontillaMar Serna, otra vocal judicial que viaja de Barcelona a Madrid en compañía de José Manuel Fernández Seijo, juez de lo mercantil en Barcelona.

Secuestro argumental

Las cosas en Catalunya están cambiando. No se sabe a ciencia cierta si el deterioro de la clase dirigente independentista hace mella en el apoyo popular al separatismo, pero parecería razonable que, como se propugna desde Moncloa y desde otras instancias, no se alimente el secuestro argumental de la política española por el relato del secesionismo que, según el análisis de los estrategas de la presidencia del Gobierno carece de alternativas para salir del atolladero, más allá de deslizarse –hay síntomas preocupantes al respecto- hacia la alteración del orden público y la crispación en los propios ámbitos catalanes. La fallida visita de Torra al País Vasco resulta inquietante: al presidente de la Generalitat le sugiere más afinidad Arnaldo Otegi que Iñigo Urkullu. Un síntoma pésimo.

Poco a poco, se comienza a racionalizar la crisis catalana que se encuentra en un 'stand by' a la espera de la sentencia del procés pero cuya salida no es repetir el otoño del 2017, sino encontrar un sendero de compromiso que abra un horizonte de convivencia normalizada. De ahí que la obsesión española de rebozar todos los argumentos políticos en la Catalunya insurrecta resulte, probablemente, contraproducente porque la verbalización conflictiva y constante del problema lo engrosa y lo consolida. No es difícil entender que buena parte de la solución no la tienen los discursos ajenos a Catalunya sino que se localiza, en gran medida, en los que se hagan aquí y se materialicen luego en nuevo pacto interno entre catalanes.