LOS EFECTOS DE UNA RENOVACIÓN

El relevo en la cúpula judicial da más peso a los progresistas en el tribunal del 1-O

Edificio del Tribunal Supremo en Madrid.

Edificio del Tribunal Supremo en Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

J. G. Albalat

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El escenario cara al juicio contra los 17 líderes independentistas por el 'procés' ha cambiado de un día para otro. El pacto rubricado entre el PSOE y el PP para nombrar a Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, y a la vez del Tribunal Supremo ha puesto patas arriba el tablero en que se jugaba esta partida. Él era el presidente del tribunal, compuesto por siete magistrados, que debe juzgar a principios del 2019 a los miembros del cesado Ejecutivo de Carles Puigdemont y a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Y no solo eso, sino que, además, era el ponente de la sentencia.  "El Supremo ha actuado siempre como una piña en este caso y si hay cambios, serán de matices", ha asegurado a EL PERIÓDICO fuentes judiciales.

El sustituto de Marchena al frente del tribunal del 'procés' es Andrés Martínez Arrieta, de 63 años y con 20 de experiencia en el Supremo. Le ha tocado esa responsabilidad por ser el más antiguo del tribunal que dictará sentencia. Está considerado un juez de cariz moderado (pertenece a la centrista asociación profesional Francisco de Vitoria) y no tan conservador como el futuro presidente del CGPJ. Sin embargo, también se le califica de "impredecible" y "técnico", con lo que nadie aventura si este relevo beneficiará o no a los procesados por presunta rebelión. Los abogados defensores, de entrada, no confían en que la sustitución mejore sus expectativas, y menos si no hay un cambio de postura (debería contarse con el beneplácito de la fiscalía, cuestión improbable) sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas.

La jugada todavía es más compleja. La salida de Marchena del tribunal que dictará sentencia en la causa del 'procés' supone la entrada de un nuevo juez, lo que podría a su vez inclinar la balanza hacia un lado u otro. La elección está condicionada a que ese magistrado no esté "contaminado". Es decir, no puede haber participado antes en decisiones sobre la causa, por ejemplo, en la resolución de recursos. Para cubrir esta plaza, se baraja el nombre de Susana Polo, considerada progresista. Fuentes judiciales explican que entre los magistrados que juzgarán el caso hay dos de claro talante progresista, Luciano Varela y Ana Ferrer, pero también hay otros no tan marcados, como Andrés Palomo. Igualmente precisan que "ha habido jueces progres que se han desestimado recursos presentados por los procesados".

Marchena, al que se considera también "un buen jurista", no presidirá el juicio, pero sí el Tribunal Supremo. Desde esa posición y por el peso en el seno de este órgano judicial, se da por seguro que tendrá cierta influencia en la vista oral. Según algunas fuentes, eran frecuentes los contactos entre él y el juez instructor del caso, Pablo Llarena. Martínez Arrieta se ha mostrado más distante.

Sin muchas esperanzas

Un abogado defensor ha asegurado a este diario que "Marchena estaba muy motivado. El sustituto no tiene por qué ser peor, pero no hay nada que no haga pensar en que quien le releve sea más imparcial". Otras fuentes cercanas a los procesados han recordado que Marchena era uno de los jueces más "beligerantes" y duros en contra de los dirigentes independentistas, y que fue recusado por haber participado en la sala de admisión de la querella de la fiscalía. Sin embargo, en aquella ocasión, en octubre del 2017, se dejó abierta la posibilidad a que los hechos fueran calificados de "conspiración para la rebelión" y no de rebelión.

El PSOE y el PP han pretendido que la renovación del CGPJ estuviera lista antes de que empezara el juicio del 'procés' para dar un nuevo impulso a la justicia y, en especial, al Supremo, cuya imagen ha quedado muy tocada esta semana con la sentencia de las hipotecas. La imagen de Carlos Lesmes, actual presidente del Poder Judicial, ha quedado tocada por la gestión de la crisis.

Los contactos entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor durante el Gobierno del PP, Rafael Catalá, han sido claves para cerrar el acuerdo. El órgano de gobierno de los jueces estará, por tanto, presidido por el conservador Marchena, pero los socialistas y Podemos contarán con 11 vocales. Los populares, solo con nueve. Este panorama de cohabitación provocará que se tenga que llegar a acuerdos.

El magistrado José María Fernández Seijo, que adquirió notoriedad en el proceso por las cláusulas suelo, entrará como vocal del CGPJ, así como la catedrática Carmen Sáez Lara; la fiscala Pilar Fernández y el letrado de la Administración de Justícia, Luis Martín Contreras, así como Bernardo Fernández Pérez, exvicepresidente de Asturias con el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional a quien se atribuyen las frases más duras de la sentencia del 'caso Gürtel', José Ricardo de Prada, y Gema Espinosa, magistrada de Audiencia de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, también están en la lista.