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LA CRISIS CATALANA

El Gobierno aprecia en la Generalitat una actitud menos dura

El Ejecutivo apuesta por la reunión entre Sánchez y Torra en Barcelonja porque ahora "el momento es menos delicado"

Juan Ruiz Sierra

Pedro Sánchez preside la entrega de los premios Cepyme. 

Pedro Sánchez preside la entrega de los premios Cepyme.  / JOSÉ LUIS ROCA

Pese a la indignada reacción que provocó en el independentismo las recientes acusaciones de la fiscalía a los dirigentes del 'procés' (para Oriol Junqueras, por ejemplo, pide 25 años de cárcel), el Gobierno considera que la actitud de la Generalitat es ahora menos dura que antes. El mes pasado, cuando el 'president', Quim Torra, dio un ultimátum al Ejecutivo central al anunciar que retiraría su apoyo parlamentario si no negociaba un referéndum de autodeterminación, la Moncloa dijo que no se daban las condiciones para una nueva reunión con Pedro Sánchez. Ahora, en cambio, la puerta vuelve a estar abierta, porque el "momento", dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha cambiado. 

La cita, si Torra acepta, será en Barcelona en diciembre, el mismo día en el que se celebrará en la capital catalana un Consejo de Ministros. "Cuando afirmamos que no se daban las condiciones eran momentos delicados. A veces, cuando las posiciones se endurecen mucho, no es el momento ideal para abrir una interlocución. Ahora el momento es otro. Y quizá en diciembre también sea otro", señaló Celaá.

El Ejecutivo, por tanto, no da la batalla por perdida. Quiere seguir como hasta ahora, manteniendo el diálogo en aras de la "desinflamación" y continuando con las reuniones bilaterales con la Generalitat. Según fuentes de la Moncloa, más allá de la "épica verbal" de los dirigentes independentistas, se aprecia en privado un tono muy distinto.

Los Presupuestos

El mensaje de Celaá formó parte de otro más amplio, con el que el Gobierno intenta que ERC y el PDECat se abran a negociar los Presupuestos del año que viene, algo que republicanos y convergentes aseguran que no están dispuestos a hacer tras las acusaciones de la Fiscalía. Pero el Ejecutivo insiste, presionando a los partidos catalanes para que no se opongan a las numerosas iniciativas sociales que contiene el pacto para las cuentas públicas que alcanzó con Podemos. "¿Qué tiene que ver el incremento del salario mínimo a 900 euros con la suerte que pueda correr el 'procés', que está en manos del Tribunal Supremo? Pedimos a todas las fuerzas políticas, y a las independentistas en primer lugar, que entren a negociar", concluyó Celaá. En cualquier caso, si ERC y el PDECat mantienen su negativa, el Gobierno ya ha anunciado que tramitará en el Congreso como decreto ley algunas de las medidas de los Presupuestos, buscando que republicanos y posconvergentes las apoyen.  

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