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LOS JUICIOS DEL 'PROCÉS'

Junqueras se enfrenta a 25 o 12 años de cárcel, según sea rebelión o sedición

El relato de hechos del fiscal y la Abogacía del Estado solo se diferencia en que uno habla de violencia y otro de disturbios

Los acusados por malversación se enfrentan a la misma pena, aunque el fiscal la cifra en 3 millones y el Gobierno en 1,9

Ángeles Vázquez

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, durante el pleno de la ley de ruptura en el Parlament

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, durante el pleno de la ley de ruptura en el Parlament / JULIO CARBÓ

Como se había anunciado la Abogacía del Estado ha acusado a los líderes del 'procés' por sedición y la fiscalía, por rebelión. Una diferencia que se refleja en las penas de los principales acusados, sobre todo, en la del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, que se enfrenta una petición de cárcel de 12 años o de 25, en función de uno u otro delito, pero que apenas se distingue en el relato de hechos del plan puesto en marcha por los procesados para lograr la independencia unilateral de Catalunya que se hace en los dos escritos de calificación.

La única diferencia que hay entre ambos es prácticamente de términos. La fiscalía acusa a los procesados de ser conscientes de que movilizar a las masas para votar y evitar el cierre de los colegios suponía asumir la "violencia" que se podía producir, porque así se lo advirtieron los Mossos, que llegaron a pedir la desconvocatoria del 1-O, a la vista de lo ocurrido el 20 de septiembre en los registros de la operación Anubis. Por su parte, los Servicios Jurídicos del Estado lo describen de la siguiente forma: "Los acusados asumieron continuar con la estrategia de incumplir el mandato judicial, quebrantar la legalidad y celebrar la consulta, aún siendo fácil representarse que la jornada no discurriría sin altercados y disturbios". 

A continuación la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, añade: "Como era previsible, en efecto, a lo largo de la jornada" del 1-O "se produjeron actos de resistencia y desobediencia a los mandatos legítimos de la fuerza pública y numerosas situaciones de tensión, disturbios y enfrentamientos". Los Servicios Jurídicos del Estado no usan la palabra "violencia", presente en las que sí emplea, porque ese es el requisito necesario para acusar por rebelión, opción finalmente descartada por el Gobierno, pero que se siente presente a lo largo de todo el texto, firmado por la abogada general, Consuelo Castro. Ello hace pensar que la primera intención de la Abogacía del Estado era coincidir con la fiscalía en que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión.

El ministerio público, que cifra en 93 los guardias civiles que resultaron heridos durante los altercados de los colegios y se burla del millar de lesionados que denunció la Generalitat, de los que dice que solo cuatro fueron graves, se permite usar un lenguaje algo más inflamado. Por ejemplo, afirma que el "plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada por las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos y por otra el uso de los Mossos como cuerpo policial armado", compuesto por 17.000 agentes que, "llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional".

Reducción de penas

Los Servicios Jurídicos del Estado piden para los 'exconsellers' Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, para quienes solicita 11 años y medio de cárcel frente a los 16 años que pide para ellos la fiscalía. Los líderes de las organizaciones soberanistas Assemblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se enfrentan a una petición de cárcel por parte de la Abogacía de ocho años de prisión, mientras que el ministerio público eleva su petición de condena para ellos a 17 años, la misma que propone para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Los Servicios Jurídicos del Estado limitan la pena para ella a 10 años.

La fiscalía sitúa a todos ellos, incluidos Sànchez y Cuixart, en algunas de las reuniones preparatorias del 1-O. Respecto de ambos dice que "empezaron a jugar un papel tan relevante en el plan rebelde que casi desplazaron, con su dominio de las movilizaciones multitudinarias, a los Mossos". Añade que el 20 de septiembre en Economía "se representaron y aceptaron la deriva violenta que pudiera producirse en las movilizaciones" siguientes y al "oponerse a las Fuerzas del Estado desplegados para impedir el referéndum".

Los que no han notado diferencia entre ambas acusaciones han sido los 'exconsellers' a los que se hace también partícipes de la malversación: Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila. En ambos escritos se pide para ellos 7 años de prisión por haber desviado dinero público para la celebración del referéndum ilegal en distintas partidas. No obstante, esa presunta malversación se cuantifica de forma distinta por la fiscalía y la Abogacía del Estado. La primera la cifra en algo más de 3 millones de euros, mientras que la segunda la limita a 1,9 millones.

Decisiones colegiadas

Según la Abogacía, el 7 de septiembre del año pasado el Govern, a propuesta de Junqueras, Turull y Romeva, adoptó un acuerdo que autorizaba a los distintos departamentos a realizar las contrataciones necesarias para la realización del referéndum, en el que se establecía que todas las decisiones "serán tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Govern y asumidas de manera solidaria". Así se hicieron papeletas, un censo, se permitió el voto en el exterior, páginas web, se reservaron dominios, se utilizaron los colegios, centros médicos y otros locales de la Generalitat y se pagó a los observadores internacionales y las campañas publicitarias "burlando los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" catalana.

Tampoco hay apenas diferencias a la hora de castigar la desobediencia cometida por autoridades, que ambas acusaciones atribuyen a la exdiputada de la CUP Mireia Boya y los miembros de la Mesa del Parlament durante el 'procés' que permitieron tramitar leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, como la del referéndum o la de transitoriedad a la república catalana: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. En ambos escritos se piden multas de 30.000 euros e inhabilitación para cargo público por un año y ocho meses para ellos, salvo para Nuet, que la ve rebajada a 24.000 euros de multa e inhabilitación por un año y cuatro meses. La Abogacía del Estado también pide esta pena algo más leve para Boya.