El fiscal pide cárcel para los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya

La Fiscalía de Barcelona solicita dos años y nueve meses de prisión de inhabilitación por un delito de desobediencia y otro de usurpación de funciones contra los cinco de la Sindicatura Electoral de Catalunya (una especie de junta electoral) elegidos por el Parlament el 7 de septiembre del 2017, pese a ser advertidos que este punto podría estar afectado por la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la convocatoria del referéndum unilateral del 1-0. De forma alternativa, se solicita una pena de multa de 5.400 euros e inhabilitación. Los encausados son juristas, abogados o polítologos, la mitad de ellos profesores de universidad. Se trata de Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, y Marc Marsal.

La acusación sostiene que los imputados, a pesar de la advertencia del TC de impedir acciones encaminadas al incumplimiento de sus resoluciones, tomaron una serie de acuerdos, como la designación de los vocales de las sindicaturas electorales de las distintas demarcaciones catalanas o los referentes a la acreditación de las organizaciones interesadas en participar en el referéndum.

La fiscalía sostiene que los cinco miembros de la sindicatura dictaron estas resoluciones actuando “con conocimiento y conciencia de su arbitrariedad y de la falta de legitimación”

Posteriormente, el 13 de septiembre, el TC acordó también la anulación de la designación de los miembros de la sindicatura. Sin embargo, según la fiscalía, los acusados, “manteniendo inquebrantable su voluntad de ignorar“ los acuerdos y los requerimientos efectuados por el Constitucional continuaron aprobado resoluciones, como la supervisión de la campaña institucional sobre el referéndum. El ministerio público recuerda que “vista la persistente inobservancia” por parte de los imputados de los autos del TC se les impuso 12.000 euros de multa. El 22 de septiembre, todos ellos dimitieron.