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LA CRISIS CATALANA

Los presos complican el deshielo en el aniversario del encarcelamiento de los Jordis

Los independentistas ven difícil votar los Presupuestos mientras medio Govern del 1-O siga en prisión

Miquel Buch se convierte en el primer miembro del equipo de Torra investigado por el TSJC

Daniel G. Sastre

El presidente del Parlament, Roger Torrent; el presidente del Govern, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la ofrenda a la tumba de Lluís Companys.

El presidente del Parlament, Roger Torrent; el presidente del Govern, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la ofrenda a la tumba de Lluís Companys. / ALBERT BERTRAN

Pedro Sánchez comprobó este lunes lo difícil que le va a ser aprobar los Presupuestos Generales del Estado del 2019. El presidente del Gobierno busca una carambola muy complicada: convencer a los independentistas catalanes de que le voten las Cuentas mientras se acerca el juicio a los impulsores del 1-O, que siguen en prisión preventiva. Y el rosario de aniversarios que se avecina no favorece a los intereses del Gobierno: este mismo martes, por ejemplo, se cumple un año del encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

El pacto entre el Gobierno y Podemos pone sobre la mesa 2.000 millones adicionales para Catalunya. Además, la relación entre el Ejecutivo central y la Generalitat ha mejorado ostensiblemente tras la caída de Mariano Rajoy: ayer mismo se reunía, una década después del primer encuentro, la comisión bilateral de infraestructuras, y los contactos entre administraciones son constantes.

Pese a todos estos esfuerzos, y aunque los votos de PDECat y ERC fueron imprescindibles para la llegada al poder de Pedro Sánchez, en las salas de máquinas de las formaciones soberanistas se ve muy complicado que los Presupuestos del Estado salgan adelante. La ofrenda floral por el 78 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys dio la medida este lunes de lo difícil que va a ser para el independentismo soslayar a los presos.

Como pasa últimamente, los soberanistas se dividieron en dos facciones. Los más radicales, entre los que hay que contar al presidente de la Generalitat, dejaron claro que no están por la conciliación con el Gobierno. El diputado Antoni Castellà, por ejemplo, destacó de nuevo por su crítica de trazo grueso. “Probablemente, si no estuviéramos en el marco de la UE, tendrían tentaciones de fusilarlos también, exactamente como pasó con Companys. Como no pueden hacerlo, están en la cárcel”, dijo sobre los presos independentistas.

Quim Torra no llegó tan lejos, pero también fue contundente. El presidente catalán comparó de nuevo el anhelo de los independentistas con el de los republicanos que hicieron frente al franquismo se comprometió a llevar su lucha “hasta las últimas consecuencias”, como hizo Companys.

Pero, incluso para los moderados, la prisión preventiva de los impulsores del 1-O parece una barrera casi insalvable para dar sus votos a Sánchez. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha convertido en las últimas semanas en la bestia negra del independentismo más fiel a Carles Puigdemont, pero en el asunto de los presos fue claro. “La única opción válida es la absolución”, dijo durante el homenaje a Companys. Una advertencia a la fiscalía de que, incluso aunque acabara pidiendo las penas mínimas por rebelión, eso no sería suficiente para los actuales dirigentes soberanistas.

Carles Campuzano, uno de los diputados del PDECat en el Congreso más empeñados en tender puentes, resumió la situación diciendo que, aunque “no se trata” de exigir al Gobierno la liberación de los presos preventivos, por respeto a la separación de poderes, hay que “entender que en esta situación es muy difícil tener un diálogo político normal”.

Amnistía Internacional pide la liberación

PDECat y ERC no están solos en la denuncia de la situación de los presos. Amnistía Internacional aprovechó el aniversario de la encarcelación de Sànchez y Cuixart para insistir en que “no hay justificación” para mantenerlos encerrados, y pidió su “inmediata liberación”. La cárcel constituye “una restricción desproporcionada de sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”, en opinión de esa organización.

De hecho, los presos –y los ‘exiliados’- constituyen a estas alturas el principal factor de cohesión del soberanismo. El otoño no está siendo tan caliente como habían anunciado, y el cisma entre los dos partidos del Executiu se hizo evidente en el Parlament la semana pasada, hasta el punto de que se enfrentaron en la Mesa y perdieron la mayoría en la Cámara. Pero, mientras medio Govern de Puigdemont –además de Carme Forcadell- esté repartido entre las cárceles de Lledoners y Puig de les Basses, es difícil que la “normalización” que ansía Pedro Sánchez se asiente.

Este martes, Torra se reunirá en Lledoners con Cuixart y con Sànchez, y también con el resto de presos soberanistas encerrados en esa cárcel, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Después volverá a Barcelona para participar en la concentración de protesta que han organizado la ANC y Òmnium Cultural para exigir la liberación de sus dirigentes, bajo el lema ‘Un año de vergüenza, un año de dignidad’.

El Gobierno ha dado muestras de que le incomoda la situación de los independentistas encarcelados, que atribuye al enfoque puramente judicial con el que el Gobierno de Rajoy afrontó el desafío catalán. Pero subraya que la separación de poderes le impide inmiscuirse. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insistió este lunes en que no van a dar instrucciones a la fiscalía. Y la fiscala general del Estado, María José Segarra, pidió que se les deje trabajar con tranquilidad y que no se hagan “conjeturas” con las penas que se solicitarán en el juicio.

Los "beneficios" de los Presupuestos

Sánchez intenta seducir a los independentistas con los “beneficios” que los Presupuestos aportarían a Catalunya. Es la misma tesis que defienden, por ejemplo, Ada Colau o Miquel Iceta, que estos días están multiplicando sus mensajes a los partidos soberanistas. Pero el Gobierno no promete nada con respecto a los presos. “El Ejecutivo no puede actuar, y ellos lo saben muy bien, con respecto al poder judicial”, dijo la ministra portavoz, Isabel Celaá.

Mientras tanto, el PP y Ciudadanos marcan de cerca a Sánchez para que no haya trato de favor con los presos. Pablo Casado, una vez liberado su partido de las responsabilidades de gobierno, aseguró este lunes que lo que debe hacer el presidente es “poner orden”, por ejemplo aplicando de nuevo el artículo 155 de la Constitución.

Y, por la tarde, se comprobó de nuevo que la política va por un camino y la justicia por otro. Miquel Buch, el actual ‘conseller’ de Interior, se convirtió en el primer miembro del Govern de Torra investigado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por promover el referéndum del 1-O entre los alcaldes catalanes. Seguramente, no es la noticia que hará más felices a los que, a uno y otro lado del puente aéreo, buscan la distensión.