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PROCESO A LOS LÍDERES DEL 'PROCÉS'

La fiscalía se inclina por acusar por rebelión sin llegar a la pena máxima

El Código Penal prevé penas de entre 15 y 25 años para los líderes y de 10 a 15, para los mandos intermedios

El ministerio público dará a conocer su escrito de calificación una vez se dicte la apertura de juicio oral

Ángeles Vázquez

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, durante el pleno de la ley de ruptura en el Parlament

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, durante el pleno de la ley de ruptura en el Parlament / JULIO CARBÓ

La hora en la que se conocerá la posición definitiva de la fiscalía respecto a los líderes del 'procés' se acerca. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las numerosas pruebas solicitadas por las defensas y dicte la apertura de juicio oral, la fiscalía ultima su escrito de calificación, en el que, según fuentes jurídicas, se inclina por mantener la acusación de rebelión para todos los líderes independentistas procesados por este delito, pero no necesariamente en el margen más alto previsto en el Código Penal, que llega hasta los 25 años de cárcel para los cabecillas, sino más bien en el contrario, que sitúa las penas en un mínimo de 15 años de prisión. 

El Código Penal castiga a los hayan promovido o sostengan la rebelión y sean sus jefes principales a penas de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; a los que ejerzan un mando subalterno, con de 10 a 15 años de cárcel e inhabilitación absoluta durante esos años, y a los meros participantes, con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público desde 6.

En su escrito, la fiscalía tiene que diferenciar entre las distintas responsabilidades en las que pudieron incurrir cada uno de los 18 procesados a disposición de la justicia española, que serán los que serán juzgados a partir del próximo mes de enero por el Tribunal Supremo. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los demás huidos (la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los cinco 'exconsellers' que le acompañaron a Bruselas y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel) se encuentran en una pieza separada, paralizada a la espera de que regresen a España y puedan ser juzgados por los delitos por los que fueron procesados; en el caso del 'expresident' y sus 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí, los más graves: rebelión y malversación. 

Rebelión sin malversación

Fuentes fiscales atribuyen una máxima responsabilidad en lo ocurrido en Catalunya a los nueve procesados que se encuentran en prisión, algo que es lógico, dada la grave medida cautelar que se les impuso hace un año. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el 'exconseller' de Interior Joaquim Fom, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Forcadell, Sànchez y Cuixart solo fueron procesados por rebelión, ya que no formaban parte del Govern, por lo que no pueden ser considerados responsables del dinero público que se pudo destinar al referéndum ilegal del 1-O. Los demás sumaron a ese grave delito el de malversación. No obstante, esa diferencia solo puede trasladarse en los escritos de calificación del fiscal y del resto de acusaciones personadas, Vox y la Abogacía del Estado, a una solicitud de más o menos años de cárcel por la rebelión, porque esta absorbe la malversación.

No ocurre así con la sedición que sí permite acusar también por el desvío del dinero público, lo que en la práctica puede suponer más años de cárcel, si se tiene en cuenta que quienes la inducen, sostienen o dirigen pueden ser castigados con entre 8 y 10 años de cárcel, y de 10 a 15, sin fueran personas constituidas en autoridad. Para los demás sediciosos la pena prevista va de 4 a 8 años. La malversación, por su parte, se castiga con entre dos a seis años de prisión, pero puede llegar hasta 12 años de cárcel "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros". La Guardia Civil elevó en junio el dinero presuntamente malversado a 3,2 millones de euros, entre lo abonado y lo pendiente de pago.

En cualquier caso, sea lo que sea por lo que finalmente apueste la fiscalía en su escrito de calificación siempre existe la posibilidad de que lo modifique, según se desarrolle el juicio, en función de la prueba practicada. En todos los juicios se da la oportunidad a fiscalía y acusaciones de elevar a definitivas sus conclusiones provisionales o de modificarlas. Y esa será la petición de pena sobre la que tendrá que pronunciarse el tribunal al dictar la correspondiente sentencia, que no se conocerá hasta después de las elecciones de mayo.