Los partidarios de la independencia de Catalunya pierden la mayoría en el Parlament

Cerramos aquí este hilo directo sobre las jornadas en las que se ha consumado la pérdida de la mayoría independentista en el Parlament de Catalunya.

Una moción de censura contra el presidente Quim Torra que eventualmente sumara a todo el bloque no independentista del Parlament no podría prosperar en las condiciones actuales, pese a que el bloque independentista se haya quedado desde este martes sin su mayoría en la Cámara. Actualmente los dos bloques están empatados en apoyos: Cs, PSC, PP y comuns suman 65 diputados, mientras que JxCat, ERC y la CUP suman otros 65, ya que no pueden disponer de los votos de cinco diputados independentistas. Según el artículo 43.5 de la ley 13/2008 de la Presidencia de la Generalitat y el Govern, "una moción de censura se considera aprobada si la votan afirmativamente la mayoría absoluta de los diputados", y esta mayoría está fijada en 68 escaños, por lo que los 65 de Cs, PP, PSC y los comuns son insuficientes.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha atribuido el juicio por responsabilidad contable por el 9-N que se sigue contra él a una "venganza personal", que ha justificado recordando las palabras de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría de que la consulta la pagarían ellos y sus familias.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha advertido que la aplicación del 155 en Catalunya "no es una solución para todo, de hecho, no es una solución para nada" sino una herramienta para "evitar males graves, abrir espacio a la política y hallar soluciones". A su juicio, lo que toca ahora, por tanto, es el espacio para la política con el fin de encontrar remedios para reducir "progresivamente" el alcance de la crisis, la fractura y la tensión social. Batet se ha manifestado en estos términos en el Congreso, en respuesta a una interpelación del PP.

El diputado del PP en el Parlament Alejandro Fernández ha pedido a Cs que presente una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprovechando que el independentismo ha perdido la mayoría en la Cámara por la negativa de los cuatro diputados de JxCat suspendidos de designar a un sustituto.

El 'exconseller' Francesc Homs también ha negado ante el Tribunal de Cuentas haber cometido ninguna irregularidad en la consulta del 9-N. Irene Rigau, por su parte, ha destacado la "correción" del proceso participativo.

"Cuando un partido se ha creado con el único objetivo de crispar y buscar la fractura, es muy difícil salir de aquí y hacer nunca ninguna propuesta en positivo que no se dedique sistemáticamente a hacer añicos el consenso y la convivencia", ha dicho Torra, que ve "sospechoso que Cs exclame sobre la convivencia" cuando Inés Arrimadas, ha recordado, se negó a reunirse con él hace meses. Torra se ha manifestado de esta forma en el debate sobre convivencia celebrado en el Parlament.

El 'conseller' de Acció Exterior, Ernest Maragall, ha acusado al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de "romper el clima de diálogo" entre los gobiernos del Estado y la Generalitat, tras vetar la participación del presidente Quim Torra en un foro regional de la Unión por el Mediterráneo. Maragall critica a Borrell en una carta que le envió ayer y en la que le pide "una rectificación pública y explícita de sus declaraciones", en las que dijo que no había invitado a Torra en el tercer Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo celebrado en Barcelona para evitar que "vilipendiara a España".

El diputado de PSC-Units en el Parlament y secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha acusado  al Govern de Quim Torra de "subordinarlo todo al advenimiento de una república" que "no vendrá". En su intervención en el debate monográfico en el Parlament sobre la convivencia en Catalunya, solicitado por Ciudadanos, Espadaler ha reconocido que "no se puede obviar" el debate soberanista cuando el 47% de los electores optaron en los comicios del pasado 21 de diciembre por opciones independentistas.

La exvidepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha declarado ante el Tribunal de Cuentas, que enjuicia la responsabilidad contable en que pudieron incurrir distintos miembros de su Govern con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, que todo se hizo "dentro de la legalidad" y que "todos los contratos" de servicios que se pusieron en marcha "tenían el visto bueno de la intervención". Ortega ha sido la segunda en declarar ante el tribunal después de que lo hiciera el expresidente Artur Mas y ha sostenido, al igual que él, que el proceso del 9-N "era diferente" al de la consulta convocada en septiembre que había sido anulada por el Tribunal Constitucional. De hecho, ha asegurado que en aquella ocasión, dio orden de "paralizar los convenios y sus efectos económicos" en cuanto recibió notificación de la providencia.