Un abogado de Puigdemont pide amparo al Colegio de Abogados de Madrid

Uno de los abogados de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado su intención de solicitar amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante las "amenazas, injurias y calumnias" que, afirma, sufre en el ejercicio de su labor de defensa. En paralelo, el colegio ha emitido un comunicado de solidaridad con el instructor de la causa por rebelión, Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada por el propio Puigdemont y los cuatro 'exconsellers' huidos de la justicia española.

Boye recurre a esta institución para "garantizar la libertad e independencia imprescindible de la abogacía en un Estado de derecho", según explica él mismo en Twitter.

El eurodiputado del grupo de la Alianza de los demócratas y Liberales por Europa (ALDE) Enrique Calvet le denunció el sábado ante el colegio madrileño por "falsear" la denuncia contra el juez Llarena.

"Ofensa grave"

Calvet tacha la demanda civil contra el magistrado del Supremo como una "ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española".

La semana pasada se supo que en el texto hay un error en la traducción de las palabras del juez justo en un inciso en el que aplicaba la presunción de inocencia. Boye admitió el error y negó cualquier tipo de intencionalidad.

Solidaridad con Llarena

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, en un comunicado este lunes, expresa su solidaridad con Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada contra él. Según fuentes de este órgano, la nota estaba prevista antes de que se anunciaran las iniciativas tanto del eurodiputado como de Boye que todavía no han llegado físicamente al colegio.

En su escrito, el decano de Madrid rechaza "enérgicamente" la demanda que se sustanciará en Bruselas al considerar que incurre en "intolerables ataques" a "la actuación del juez en defensa de la Constitución" y considera a este, "además de inamovible y responsable, independiente".

Poder Judicial independiente

Alonso añade que defiende la integridad de los jueces españoles, la independencia del poder judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, "que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado".

Por ello dice compartir la decisión del Gobierno de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española "en este y en todo proceso, atendiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial".