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TRADUCCIÓN CONTROVERTIDA

La demanda de Puigdemont contra Llarena alteró las declaraciones del juez

En la traducción al francés, se modifican las palabras del magistrado que aludían a la presunción de inocencia

La defensa del 'expresident' informará al tribunal belga del "error" pero sostiene que no cambia "en absoluto" la demanda

El Periódico

Carles Puigdemont, junto a Quim Torra y Clara Ponsatí, en el balcón de la casa de Waterloo el 28 de julio.

Carles Puigdemont, junto a Quim Torra y Clara Ponsatí, en el balcón de la casa de Waterloo el 28 de julio. / LAURA POUS (ACN)

Las palabras del magistrado Pablo Llarena que han motivado la demanda civil de Carles Puigdemont y los 'exconsellers' huidos en Bélgica no han sido reflejadas fielmente en el escrito presentado al juzgado, según recogen este martes 'El Mundo' y 'El Confidencial' tras el hallazgo realizado por un profesor francés hispanohablante y difundido en las redes sociales. En concreto, la alteración localizada en la traducción al francés de las afirmaciones de Llarena modifican el sentido de un inciso en el que el juez apelaba a la presunción de inocencia, cargándose este matiz.

La denuncia de los políticos independentistas se basa en unas declaraciones que realizó el magistrado el pasado 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia. Según los demandantes, Llarena vulneró aquel día su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y a la presunción de inocencia.

"No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda es "'peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête'", es decir: "Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados".

Un "error del traductor"

El abogado de Puigdemont Gonzalo Boye ha negado taxativamente que exista cualquier "alteración" y ha apuntado que, en todo caso, "puede ser un error del traductor". "Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda", ha sentenciado en declaraciones a Europa Press.

La portavoz del Govern catalán y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha coincidido en ese diagnóstico y ha criticado de nuevo que el Ejecutivo plantee asumir su defensa. En este caso, ha advertido de que Llarena pidió amparo fuerza de plazo, con lo que considera ilegal que se le conceda.

Tampoco está de acuerdo con ese apoyo el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha argumentado que la demanda responde a unas declaraciones "privadas" de Llarena, realizadas "más como político" que como juez.

Urkullu no cree que la demanda cuestione la soberanía jurisdiccional española, como tampoco lo piensa Podemos, cuyo secretario de Organización, Pablo Echenique, ha reiterado que "lo sensato" que es que Llarena "se pague sus propios abogados".

El Gobierno, por su parte, según informa Juan Ruiz, celebra que haya trascendido el supuesto error que contiene la denuncia en Bélgica de Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena. Los colaboradores del presidente del Gobierno creen que se trata de una buena noticia, dando a entender que puede invalidar parte del proceso en un tribunal de Bruselas.

Precisamente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiso cerrar el debate sobre si su gabinete prestaba o no toda la ayuda y respaldo a Llarena ante esta querella. "No es una cuestión privada, sino de Estado", ha sostenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en Chile, en una de sus etapas de la gira por Latinoamérica que realiza esta semana. Según Sánchez, el Ejecutivo tuvo claro esto desde el primer minuto. La semana pasada, el Ejecutivo diferenciaba de forma expresa entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien decía no podía representar por actos privados.

Los volantazos del Gobierno en la cuestión se han convertido, lógicamente, en munición para la oposición. Así, el PP ha intensificado su presión contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha exigido su cese y  pedirá su reprobación en el Congreso y en el Senado.

Para el PP, las palabras de Sánchez en Chile suponen un nuevo "bandazo" en la acción del Ejecutivo y Sánchez "ha contradicho" a Delgado, con lo que han puesto el foco sobre ella con la petición de cese inmediato o, de no producirse, la amenaza de reprobación. La portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, también ha exigido al Ejecutivo una disculpa pública con el magistrado.

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