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DEMANDA CIVIL

Un juez belga cita a Llarena el 4 de septiembre tras una demanda de Puigdemont

El 'expresident' y los 'exconsellers' también piden al Supremo la recusación del magistrado que instruye la causa por rebelión

Silvia Martinez

Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig junto a los abogados belgas del equipo de defensa y Carles Puigdemont a la pantalla durante la rueda de prensa de hoy en Bruselas

Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig junto a los abogados belgas del equipo de defensa y Carles Puigdemont a la pantalla durante la rueda de prensa de hoy en Bruselas / Blanca Blay

Ofensiva judicial contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El ex president Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí han presentado este martes una demanda civil ante la justicia belga contra el magistrado español a quien acusan de haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia. Llarena recibirá una citación para presentarse en una audiencia que tendrá lugar el 4 de septiembre ante el Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas.

“Ha vertido opiniones que son indicios de sus prejuicios que le están llevando a vulnerar nuestros derechos”, ha denunciado Comín junto al resto de exconsellers y el equipo de abogados que les defienden en Bélgica. “Hace meses que somos objeto de violaciones que han quedado impunes. Llarena actúa sin la imparcialidad debida y movido por actuaciones políticas. Estamos siendo perseguidos por la ideología del juez tal y como quedó de manifiesto en su conferencia de Oviedo”, ha explicado Puigdemont que ha comparecido lo mismo que Ponsatí por videoconfederencia.

La denuncia se basa en unas declaraciones que Llarena hizo el pasado 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia en la capital asturiana sobre delitos econóicos y responsabilidad penal. Según el abogado Christophe Marchand, el magistrado declaró que los políticos encarcelados en España “no son prisioneros políticos”, lo que a juicio de la defensa prejuzga los hechos. “Esta expresión a nuestro juicio basta para abrir un debate judicial”, ha añadido. “Emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”, ha alegado Paul Bekaert.

Indemnización simbólica y recusación en el Supremo

Según ha explicado Marchand, el juez encargado del caso ha fijado el 4 de septiembre como fecha de la audiencia y la sentencia podría conocerse a principios de 2019. Los cinco, que alegan que Bélgica es competente para pronunciarse porque los cinco residían en el país en el momento de las declaraciones, reclamarán a Llarena una indemnización simbólica de un euro por daños y perjuicios.

El gran objetivo de los políticos catalanes no está en Bélgica sino en España con la recusación de Llarena como juez instructor en el Tribunal Supremo. “Es una consecuencia necesaria de la primera, una consecuencia inevitable”, ha explicado Comín sobre la recusación presentada paralelamente en el Supremo, por la querella criminal contra los miembros del Govern y la mesa del parlamento. Según han alegado, este movimiento es posible porque la ley orgánica 219.8 del poder judicial prevé la posibilidad de recusar a un juez que tiene causas judiciales pendientes con alguna de las partes.

No obstante, pese a que una de las causas previstas en la ley para recusar a un juez es tener causa pendiente con una de las partes, la iniciativa de los procesados por rebelión no tiene posibilidad alguna de prosperar. No solo porque en España se rechazan las querellas presentadas contra los magistrados con el único objetivo de que sean sustituidos, como es esta, sino porque ningún juez de otro país tiene jurisdicción sobre los jueces españoles. Solo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede pronunciarse sobre la imparcialidad de un magistrado español, de ahí que fuentes del alto tribunal español consideren que la demanda interpuesta solo responde a la batalla europea de imagen que tratan de librar los encausados, informa Ángeles Vázquez.

Cambio de Gobierno

"Nuestros abogados en España consideran que la causa es tan objetiva que no tiene posibilidad de ser discutida. La decisión la tiene que tomar el Supremo pero damos por hecho que no va a vulnerar la ley orgánica del poder judicial. La decisión no es automática pero es inevitable", ha indicado Comín que espera que la recusación de Llarena sea útil para Oriol Junqueras y el resto de los políticos encarcelados. Al igual que el resto de compañeros espera que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tome nota de lo que dicen los tribunales en Europa. "Esperamos que traiga nueva luz, oxígeno y agua clara pero todavía no estamos desinfectados. Nos gustaría ver muestras de diálogo de verdad", ha indicado Lluis Puig.

Los tres ex consellers presentes en la rueda de prensa se han desplazado posteriormente a la sede de la Generalidad en Bruselas donde han escenificado el traspaso de carteras con Alba Vergés, la nueva consejera de Salud, Laura Borràs, de Cultura y Teresa Jordá, de agricultura, pesca y alimentación.