Los políticos presos utilizan la reunión entre Torra y Sánchez para pedir la libertad

Las defensas de los diputados presos Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva han dado el paso anunciado el viernes en una rueda de prensa conjunta de todas las defensas, salvo la del expresidente Carles Puigdemont, y han vuelto a pedir su excarcelaciónCarles Puigdemont. Entre los argumentos que utilizan los tres primeros para convencer al Tribunal Supremo figura en esta ocasión la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, que ponen como ejemplo de la "normalización política que se está viviendo en Catalunya".

Entienden que sirve para neutralizar el riesgo de reiteración delictiva que el instructor de la causa, Pablo Llarena, les atribuía para defender su permanencia en prisión. Para anular el de fuga los tres se ofrecen a poner a disposición del alto tribunal "la totalidad de su patrimonio personal" y someterse a cualquier medida de control, como el arresto domiciliario o las pulseras telemáticas. En una línea similar también se expresan Junqueras y Romeva.

Para acreditar la normalización política, el abogado de Sànchez, Rull y Turull, Jordi Pina, cita las reuniones que se han producido entre ministros y 'consellers' catalanes, así como que ni el Parlament ni el Govern han desobedecido decisiones del Tribunal Supremo o del Constitucional desde el inicio de la legislatura. Asegura que desde que "Catalunya ha recuperado su autonomía" no se ha "cometido delito alguno por parte de sus cargos públicos".

Una afirmación que cuando menos no está exenta de riesgo, porque la Cámara catalana aún no ha aplicado la suspensión de funciones prevista en el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal acordada por el juez Pablo Llarena la semana pasada. 

Por su parte, Junqueras y Romeva basan su libertad en que ya no forman parte del Govern y, por tanto, no pueden incidir "lo más mínimo en actuaciones del gobierno que pudieran remotamente asimilarse a los ilícitos por los que se ha procesado" a los líderes independentistas, lo que conjura el riesgo de reiteración delictiva. Además, su abogado, Andreu Van den Eynde, argumenta que el Govern "está actualmente desarrollando su actividad con normalidad".

Rebajar tensión social

En contraposición a esa normalización política el mismo escrito de Sànchez, Rull y Turull plantea "la compleja situación política que se vive en Catalunya". Argumenta que la permanencia en prisión de los tres diputados "es un factor que genera evidente tensión social, como demuestran algunos incidentes -por fortuna leves- acontecidos entre quienes reivindican la libertad de los presos y quienes no comparten tal reivindicación", lo que se puede agudizar en la celebración de la Diada o el aniversario del 1-O. Así sostiene que la libertad "contribuirá a rebajar dicha tensión social y a facilitar la búsqueda de soluciones políticas a unos problemas cuyo trasfondo es esencialmente político y no judicial".

Como colofón incluye "las buenas perspectivas para las tesis de defensa que se vislumbran a partir de las resoluciones de otros países europeos", como la reciente decisión alemana de constreñir la entrega de Puigdemont al delito de malversación, que  cree que "invita a pensar en una importante rebaja futura de las pretensiones acusatorias, lo que obviamente influye en los fines de prisión preventiva". 

En este sentido, vuelve a negar que existiera la violencia necesaria para que se entienda cometido el delito de rebelión, para lo que se remite a "recientes informaciones periodísticas", y recuerda que Sànchez, a diferencia de los formaban parte del Govern, no está imputado por malversación.

Además, compara la permanencia en prisión de los nueve procesados en esta causa con la de otros procedimientos, como el 'caso Gürtel' o el 'caso Lezo', en los que dice que es "público que viven o tienen patrimonio fuera de España". También compara la situación de los líderes del 'procés' con la libertad que disfrutan los miembros de 'La Manada', condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales.