Ricardo Costa declara que el constructor Enrique Ortiz dio comisiones al PP por adjudicaciones

Ricardo Costa, exsecretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, continúa tirando de la manta para desnudar las corruptelas de los populares valencianos en la época de Francisco Camps. Este jueves ha comparecido como testigo ante el juez que instruye el 'caso Imelsa' para confirmar que, tal y como adelantó a la fiscalía, el empresario Enrique Ortiz y la empresa Rover Alcisa dieron comisiones a los populares valencianos a cambio de que CIEGSA le adjudicara la construcción de colegios.

Ortíz está investigando en el 'caso Brugal', en cuya instrucción se incluyeron sus sonrojantes conversaciones con Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante, y ya ha sido condenado en el 'caso Gürtel' por financiar ilegalmente al PPCV con unos 350.000 euros en las campañas de 2007 y 2008, unas irregularidades que aceptó confesar a cambio de rebajar su petición inicial de prisión por otra eludible con una multa, que fue la que se le impuso.

"Por supuesto", ha contestado Costa escueto a su entrada a los juzgados, preguntado por si venía a colaborar con la justicia. Además de Costa, también está citado para declarar como testigo David Salvador, exdirector general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Generalitat.

Pacto con la fiscalía

El exdirigente castellonense reveló esas posibles comisiones hace semanas en su suculenta declaración en la Fiscalía Anticorrupción, de la que ya salió otra pieza que investiga más posibles irregularidades alrededor de la llegada y gestión de la Fórmula 1 a València. 

Su pacto con la Fiscalía propició que el ministerio redujera su petición inicial de prisión de siete a cuatro años, que fue la que finalmente le impuso el juez. 

CIEGSA fue la empresa que creó la Generalitat para 'externalizar' la construcción de colegios en la Comunitat Valenciana y al parecer permitió que se acumular un agujero de mil millones de euros, aunque los dirigentes del PPCV han negado ese dato, reducen los modificados y sobrecostes a 300 millones y los enmarcan dentro de la legalidad.