La sentencia de la 'Gürtel' confirma que el PP de Valencia también tenía caja b

La sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional del llamado 'caso Gürtel valenciano' da por probado que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenía, en la época en la que estaba dirigido por Francisco Camps, una 'caja b' con la que financió irregularmente actos de partido y que en las campañas de 2007 y 2008 varios empresarios abonaron ilegalmente actos electorales a través de Orange Market, la empresa de Francisco Correa.

Por eso ha condenado a cuatro años de prisión a Ricardo Costa, exsecretario general de los populares valencianos y a otros dirigentes del partido, aunque ha absuelto a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Camps se ha librado de cualquier pena pese a que casi todos los implicados le señalaron como máximo responsable del sistema al no haber estado procesado en la causa.

A Costa, que se ha beneficiado del atenuante de confesión y colaboración, le condenan dos años por delitos electorales y otros dos por falsedad documental. En cuanto a los cabecillas de la trama Gürtel, que también tienen beneficios por confesión y colaboración, además de por esos delitos les condena por otros contra la Hacienda Pública. El peor parado es Álvaro Pérez 'El Bigotes' con seis años y nueve meses. Francisco Correa ha sido condenado a cinco años y tres meses y Pablo Crespo a cinco años.

En cuanto a Rambla destaca que no hay “una sola prueba” de que captara empresarios para la financiación aunque apunta que “evidentemente omitió un actuar más que ético” pues por su formación tuvo que ser consciente de que los gastos eran excesivos y dicen que tuvo, al menos, una "ceguera voluntaria".

“Siendo posible la comisión del delito por V. Rambla, pero existiendo una probabilidad razonable de que no lo hiciera, procede declararle no culpable y por tanto a su respecto dictar sentencia absolutoria”, explica.

Entre los condenados del PP están la extesorera Yolanda García, a cuatro años, la exgerente Cristina Ibáñez a tres y cuatro meses y el exdiputado David Serra, a tres y ocho meses. Del que era el número 2 de Costa en el partido la sentencia dice que "no solo era perfecto y completo conocedor de la trama urdida, sino cooperador hasta podría calificarse de entusiasta de la ilegal financiación".

Orange Market y los empresarios

La fiscalía contaba desde el principio con el testimonio de nueve empresarios que aceptaron reconocer pagos irregulares al PPCV a cambio de esquivar la entrada en prisión. Sus condenas, que llegan hasta el año y los nueve meses, han quedado sustituidas por multas. La sentencia habla de su aportación como "soborno en diferido" pues se situaban en una "situación privilegiada" para adjudicaciones públicas. 

A ellos se sumaron posteriormente tanto 'El Bigotes' como Costa, que explicaron que el partido por un lado recibía dinero en efectivo procedente al parecer de 'mordidas' por adjudicaciones y por otro había actos que directamente Orange Market los facturaba a distintas empresas.

Siguiendo ese hilo, la sentencia recoge como hechos probados que los dirigentes populares en esas convocatorias electorales “no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente” y que “con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral” contrataron a Orange Market “servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros”.

Detalla el auto que algunas empresas, entre ellas las de Vicente Cotino, sobrino del exconseller Juan Cotino, y la de Enrique Ortiz, implicado también en el ‘caso Brugal', los abonaron pagando a Orange Market servicios “que realmente no se habían producido”.

La sentencia cifra en dos millones el ‘dopaje’ electoral en el que incurrió el PP en el periodo estricto de las campañas pero apunta que hubo también 1’4 millones de gastos en actos no electorales que se abonaron “fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron”. Serían pues al menos 3'4 millones de euros los abonados irregularmente sólo en esos dos años.

La desmemoria de Camps

El fallo también apunta que la declaración de Víctor Campos, otro de los vicepresidentes de Camps y del propio expresidente “ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen”.

Destaca la “radical negativa” de Camps a admitir cualquier conocimiento de la trama y en parte la achaca a que “tiene la condición de investigado en tres piezas de esta trama, con lo cual su derecho a no declarar contra sí mismo, que conoce y se le ha recordado, es aún más evidente”.

La sentencia llega apenas dos semanas después de otro fallo que establecía que el PP nacional también había tenido 'caja b' y que puso en duda la credibilidad de Mariano Rajoy, lo que dio pie a una moción de censura que le apartó hace unos días de la presidencia del gobierno.