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PRIMER CONSEJO DE MINISTROS

Descontrol a medias

El Consejo de MInistros levanta el control de las cuentas de la Generalitat pero conserva el del gasto

Rosa María Sánchez

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno.

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno. / DAVID CASTRO

El Gobierno de Pedro Sánchez ya no controlará las cuentas bancarias de la Generalitat pero conservará un nivel de vigilancia reforzada sobre sus partidas de gasto para evitar veleidades independentistas.  

Al caer la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, también decae el control ‘a priori’ que ejercía Hacienda sobre los pagos bancarios de la Generalitat. Sin embargo, sigue viva la vigilancia que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre del 2015 cuando, tras la consulta no vinculante del 9-N sobre la independencia de Catalunya, Hacienda optó por apretar las tuercas a la Generalitat condicionando el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al cumplimiento de la ley.

Venta política

"Hemos determinado dar instrucciones a los bancos para que Catalunya pueda abordar a los pagos sin necesidad de pasar por la supervisión del Gobierno de España", dijo este viernes la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros.

El Gobierno de Sánchez culmina el levantamiento del control financiero 'a priori' , vinculado al artículo 155

La constitución del Govern presidido por Quim Torra, el pasado sábado 2 de junio, puso fin de manera automática a la aplicación del artículo 155 en Catalunya y con él, desapareció la intervención de las cuentas de la Generalitat. Así lo comunicó el propio 'vicepresident' y 'conseller' d'Economia, Pere Aragonès, a su departamento y al resto de 'conselleries' en su primera jornada laboral, el lunes 4 de junio.

Se mantiene la vigilancia 'a posteriori' de los gastos que impuso el PP en el 2015 contra las "veleidades independentistas"

Sin embargo quedaba un resorte por desmontar. Había que comunicar formalmente a los bancos la eliminación del control ‘a priori’ de Hacienda sobre los pagos ordenados por la Generalitat de Catalunya. Y eso es lo que decidió el Consejo de Ministros este viernes: dar indicaciones al subsecretario de Hacienda para comunicar a las entidades financieras el fin del procedimiento.

La decisión procedimental fue presentada, sin embargo, como un acto de transcendencia política por parte de la ministra portavoz. "Nos ha parecido que esta es una medida de normalización" de las relaciones institucionales entre el Estado y la Generalitat, explicó Celaá.

Pere Aragonés calificó de "hecho automático" la decisión del Gobierno. "Y, puestos a ello, le pedimos que también levante los controles a posteriori que impusieron en noviembre del 2015”, disparó después.

Sigue la vigilancia reforzada

El ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, aclaró que, tras el levantamiento del artículo 155  “la Generalitat de Catalunya seguirá sujeta a los mecanismos de control sobre el gasto al que están sometidas las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)” para evitar incumplimientos del déficit público.

Pero lo cierto, es que el control que Hacienda conservará sobre la Generalitat va mucho más lejos. A partir de la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado en noviembre del 2015 –que se mantiene en vigor - el Gobierno central determinó 16 servicios sociales “fundamentales” a los que destinar el dinero del FLA solo para Catalunya. Además se estableció que con periodicidad mensual la Intervención de la Generalitat debería remitir a Hacienda certificar el destino de todos sus gastos para garantizar “que ni un euro va a financiar ninguna veleidad independentista”, según dijo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

De acuerdo con esta orden –que sigue en vigor- los recursos del FLA en Catalunya solo pueden servir para cubrir servicios partidas de apoyo a la familia, la inmigración, sanidad y educación, entre otras.

Este control reforzado, exclusivo para Catalunya, es el que la Generalitat espera que decaiga ahora con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Y el PSOE no se niega a ello -«Si la normalización prospera, es normal que dejemos los hechos excepcionales», dijo el secretario de organización socialista José Luis Ábalos este lunes-. Pero de momento, no.

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