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cuentas públicas

El Govern recupera las llaves de su caja

El fin del 155 libera transferencias y permite a la Generalitat el pago de sus facturas

Aragonès tratará de que se levanten los controles que se impusieron en el 2015

Agustí Sala

El nuevo conseller de Economia, Pere Aragonès, llega a la conselleria. / FERRAN SENDRA

El nuevo conseller de Economia, Pere Aragonès, llega a la conselleria.
El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès.

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Sin el artículo 155 de la Constitución, no hay intervención de cuentas de la Generalitat. O, al menos desaparece la fiscalización más dura que se ha llevado en los últimos 218 días. El flamente 'vicepresident' y 'conseller' d'Economia, Pere Aragonès, así lo ha comunicado a su departamento y al resto de 'conselleries' en su primera jornada laboral tras la toma de posesión el sábado pasado.

"Volvemos a poner en marcha el Govern de Catalunya y ordenamos el fin de la intervención financiera desde este edificio, donde el 20 de septiembre empezaron tantas cosas y compañeros sufrieron en sus carnes la represión del Estado y de la Guardia Civil", ha dicho Aragonès, que ha citado al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó y al exsecretario general de la Vicepresidència y de Economia y 'número dos' de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.

El decreto del viernes pasado de nombramiento de los miembros del Govern significó "el levantamiento automático" de este control y, por ello, la Intervención General de la Generalitat ha remitido a los distintos departamentos una comunicación en la que comunica el levantamiento efectivo de la intervención, según fuentes de la Conselleria.  El Govern vuelve a recuperar una buena parte de su autonomía financiera.

El ministrerio de Hacienda aprobó medidas de control especiales en septiembre pasado (orden HFO/878/2017, de 15 de septiembre de 2017), pero, con posterioridad, el 22 de diciembre (orden HFP/1281/2017) las intregró en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Al decaer esta, también lo hace esa fiscalización especial.  

Como consecuencia de ello, el Gobierno central tendrá que volver a ingresar el anticipo mensual a cuenta del sistema de financiación, que en la actualidad se ingresaba en una cuenta en el Banco de España. Eso supone que "el Tesoro español dejará de pagar directamente las obligaciones económicas de la Generalitat".

Certificados de gasto

También queda suprimida la obligación de justificar los gastos con un certificado. Estos documentos, que se tenían que expedir con todos los pagos efectuados a través de entidades de crédito, servían para acreditar que los gastos del sector público de la Generalitat no financiaban actuaciones ilegales o vinculadas con la celebración del referéndum del 1-O o la creación de estructuras de estado. Tampoco será necesaria una declaración responsable de los órganos de contratación, de los interventores y de los resposnables de la entidades del sector público en el momento de la adjudicación. Este documento certificaba que los bienes o servicios no estaban relacionados con actos ilegales. 

La fiscalización financiera especial a la Generalitat se limitará ahora al informe mensual sobre gastos, impuesto por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el 2015. Aragonès ha afirmado que pedirá al Gobierno que, una vez finalizada la intervención financiera, se ponga fin también a las condiciones específicas "discriminatorias" impuestas a Catalunya en noviembre del 2015 para recibir partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Desde el PSOE, ahora en el Gobierno, han abierto la puerta a liquidar también esas medidas especiales.  El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha sido tajante una entrevista en Antena 3: "Si volvemos a la normalidad y se recupera la institucionalidad, si esto es verdad, habrá que ir pensando en que determinadas medidas que se tomaron tendrán que ir acompasándose a los ritmos de esa normalización. Si la normalización prospera es normal también que todo se normalice y no dejemos hechos excepcionales si avanza la normalización". 

Castellanos y Espasa 

Tras la toma de posesión el sábado pasado, Aragonès perfila su departamento. Albert Castellanos será el secretario general de la Conselleria, el número dos de la misma, el cargo que ocupaba Jové; y ejercerá a la vez de secretario de Economía, hasta que se nombre a otra persona. Esta responsabilidad era la que hasta ahora ocupaba el propio Aragonès. A su vez se da por hecho que la actual directora general de Tributos, Marta Espasa, pasará a ser la secretaria de Hacienda de la Conselleria, puesto que ocupaba en los últimos meses Castellanos. 

Temas: Generalitat

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