Montoro crea una hucha para gestionar el Presupuesto de Catalunya

El Ministerio de Hacienda está dando nuevos pasos para perfeccionar la intervención por parte del Estado de las cuentas de la Generalitat de Catalunya ante la eventualidad de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución sobre la administración catalana. El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles una orden ministerial por la que Hacienda crea una cuenta en el Banco de España cuyo titular será el propio Ministerio y en la que se irán depositando cada mes las cantidades del sistema de financiación que corresponden a Catalunya.

A partir de ahora, Hacienda guardará en esta cuenta del Banco de España los fondos asignados a Catalunya. Para atender los pagos a proveedores y empleados públicos, Hacienda irá realizando transferencias desde esta cuenta al Tesoro y de ahí, a las entidades financieras encargadas de atender pagos y nóminas. Antes que eso, la Intervención General del Estado habrá tenido que dar su visto bueno a cada orden de pago después de que la Intervención General de Catalunya haya verificado que las cantidades no se destinarán a fines independentistas. 

Además, este novedoso instrumento financiero funcionará a modo de hucha para guardar en ella las cantidades sobrantes después de haber atendido el pago de proveedores y empleados públi

cos de la Generalitat cada mes. En el momento en que el Gobierno considere que la Generalitat ha vuelto a la legalidad y levante la intervención de las cuentas catalanas, Hacienda "instará el cierre y cancelación de la cuenta" y liquidará el remanente a la comunidad autónoma de Catalunya, según figura en la orden ministerial que publica el BOE.

Junqueras sería apartado

De paso, toda esta estructura servirá de andamiaje para el caso de que el Gobierno active las medidas del artículo 155 de la Constitución y vaya a una intervención plena de las cuentas autonómicas en la que también pase a controlar los ingresos provenientes de los impuestos cedidos y propios de la comunidad. Además, la definitiva intervención del Presupuesto de la Generalitat implicaría que el Ministerio de Hacienda asumiría la tarea de proyectar y gestionar la prórroga del presupuesto autonómico del 2017 al 2018, según fuentes del Gobierno.

Según los planes diseñados hasta ahora por el Ejecutivo, una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía financiera de Catalunya, incluiría el cese del vicepresidente, Oriol Junqueras, como titular de la 'Conselleria d'Economia' por una persona de “perfil técnico”, que “entienda” de la gestión tributaria. Desde el Ejecutivo se considera que el vicepresidente catalán es el responsable de ahuyentar la inversión en Cataluña.

Según los planes del Ejecutivo, la intervención plena de las cuentas se mantendría hasta que la legalidad constitucional fuera restituida en Catalunya,  aún en el caso de que el ‘president’ Carles Puigdemont convoque unas elecciones autonómicas. En este caso, sería el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro quien controlaría todo el presupuesto electoral y decidiría la autorización de los pagos durante la campaña.

Un paso más

En los planes del Gobierno sobre la intervención de la Hacienda de Catalunya, se incluye la opción de seguir avanzando en la línea ya inaugurada por el Gobierno central en septiembre con el control por parte de Hacienda de los pagos de la administración catalana y la posterior decisión de adelantar a septiembre el cierre presupuestario de las comunidad autónoma, impidiendo así a sus responsables políticos contraer nuevos compromisos de gasto hasta finalizar el año.

La decisión adoptada en septiembre por el Ministerio de Hacienda para controlar los pagos de la Generalitat afectó a los ingresos que recibe la comunidad provenientes del sistema de financiación autonómica (aproximadamente, el 80% del total). Estos fondos, a partir de ahora, serán depositados en la cuenta abierta por Hacienda en el Banco de España.

Dar un paso más en este mecanismo implicaría -según fuentes oficiales- extender el control de pagos también a los ingresos provenientes de los impuestos propios de la comunidad autónoma, tales como los de transmisiones patrimoniales, sucesiones, patrimonio y medioambientales. El control de los pagos pasaría así del 80% al 100% de los ingresos. Así, todas las obligaciones de la administración catalana serían atendidas a partir de la cuenta en el Banco de España.