La fiscalía acusa al Govern de Mas de gastar 4,9 millones públicos en el 9-N

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta directamente al expresident de la Generalitat Artur Mas y a otros miembros de su equipo de gobierno como responsables directos del gasto de cerca de 5 millones de euros de dinero público destinado para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre consulta ilegal del 2014. En su informe final, el fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, detalla hasta un total de 10 partidas que ocasionaron ese perjuicio de 4,99 millones, como el registro de la web para la votación, la adquisición de material o la campaña de publicidad del 9-N.

Por ello pide que se indemnice a la Generalitat con casi el total de esa cuantía, además de al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) con 20.214 euros; al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con 28.915 euros y al Estado con 11.785 euros. En su desglose de partidas atribuye un gasto de 74,05 euros para el registro de una web institucional; 163.953 euros para la fabricación del material que se empleó en la consulta; 2,8 millones de euros para la adquisición de ordenadores utilizados en las mesas de votación y 806.000 euros en la campaña de publicidad.

Respecto a este punto, el informe recoge que la primera factura asociada a este gasto, de 11.785 euros, fue satisfecha mediante transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica Fondo de Liquidez Autonómica(FLA) del Gobierno, bajo el concepto de 'ICO', provocando un "quebranto" a los fondos públicos estatales. El fiscal sitúa tanto a Mas como a otros miembros de su Gobierno en la dirección de la planificación de la consulta y añade que todos ellos trataron "por todos los medios" de dificultar las acciones que pudiera llevar a cabo el Ejecutivo central dirigidas a evitarla, pese a que era "muy evidente" que sabían que estaba suspendida por el Tribunal Constitucional.