El Tribunal de Cuentas acelera la investigación contra Mas por los gastos del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha dado dictado este martes dos autos que aceleran el juicio contable abierto contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, Joan Ortega, Irenne Rigau y Francesc Homs por los gastos pagados con fondos públicos relacionados con la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014. El coste del proceso participativo ascendió a algo más de cinco millone de euros. El organismo fiscalizados ha desestimado el recurso de la Generalitat para que se archivara el caso y ha confirmado que la Abogacía del Estado puede intervenir en el proceso, a la vez que ha activado el nombramiento de un delegado instructor para que abra el expediente de responsabilidad contable de los organizadores del 9-N que, según la denuncia presentada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, utilizaron dinero público sin justificación legal.

Fuentes jurídicas han asegurado que la intención es que este procedimiento contable, que nada tiene que ver con el juicio penal  y la condena por desobediencia impuesta a los cuatro exaltos cargos de la Generalitat, esté finalizado antes del referéndum del 1-O. Si se acepta las pretensiones de las entidades que han impulsado la reclamación, Mas, Ortega, Rigau y Homs pagarán de su bolsillo los cinco millones de euros que costó el 9-N. Y si no lo hicieran, se les embargaría patrimonio.

La consejera del Tribunal de Cuentas y exministra de Justicia del PP, Margarita Mariscal de Gante, ha dado un paso más en la tramitación del procedimiento. En el auto en que se desestima la petición de archivo solicitado por la Generalitat, la que es presidenta de la Sección de Enjuiciamiento ha acordado que se proponga a la comisión de gobierno del órgano fiscalizador el nombramiento de un delegado instructor para la práctica de las diligencias que se consideren oportuno. Es decir, será la persona que realizará la investigación.

DAÑOS EN LOS CAUDALES PÚBLICOS

El auto recuerda que los denunciantes han alegado los presuntos "daños causados en los caudales públicos" como consecuencia del pago con fondos públicos de gastos vinculados al 9-N y que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En el escrito, se detallaba el dinero destinado a a la página web institucional, la fabricación de material empleado en la votación, la compra de ordenadores portátiles, la campaña institucional, la poliza de seguros para los voluntarios, las labores de apoyo informático y el envío de información. Y agrega que tanto la fiscalía como el abogado del Estado han solicitado el nombramiento de un delegado instructor para que investigue el asunto.

Mariscal de Gante señala en la resolución por la que desestima el archivo solicitado por la Generalitat, que el Ejecutivo catalán ha entrado de lleno en cuestiones jurídicas relacionadas con el fondo del asunto que no puden valorarse en estos momentos, pues lo único que se debe dilucidar es si se nombra o no un instructor del caso. Por lo tanto, nos e puede ir "más allá" de la simple verificación de si los hechos pueden ser susceptibles de responsabilidad contable.