El fiscal pide más penas a condenados de Gürtel por "saquear las arcas públicas"

El fiscal Javier Zaragoza ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que rechace los recursos de los once condenados en la pieza de Fitur del 'caso Gürtel' y eleve las penas a cuatro, entre ellos tres ex altos cargos de la Consellería de Turismo de Valencia, por integrar una "trama que se dedicó a saquear las arcas públicas".

El Supremo ha revisado los recursos de Correa, de los números 2 y 3 de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes -todos ellos en prisión- y otros ocho condenados entre los que se encuentra la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que les impuso penas de entre tres y trece años de prisión.

Las condenas

El fiscal ha pedido que el alto tribunal confirme las penas de 13 años de prisión para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y para su número dos, Pablo Crespo, y de 12 para el número tres, Álvaro Pérez el Bigotes, así como de nueve para Milagrosa Martínez.

También las de seis años de cárcel para la exadministradora de empresas de Gürtel Isabel Jordán, cuatro para el exgerente de Orange Market, filial valenciana de la red, Cándido Herrero y tres para la ex alto cargo de la citada Consellería Ana Grau.

Sin embargo estima que hay que elevar las penas de otros tres ex altos cargos de la Consellería, Isaac Vidal, de siete a nueve años de prisión; el exjefe de gabinete de la exconsellera Rafael Betoret, de seis a siete, y Jorge Guarro, de cuatro a seis, así como para la exempleada de empresas de Gürtel Mónica Magariños, de tres a cuatro.

El fiscal ha explicado que son las penas que corresponden de una forma más ajustada a la malversación que cometieron en función de la cantidad defraudada y el daño causado a la Administración.

Solicitudes de la defensa

Los abogados defensores han solicitado la nulidad del procedimiento y la absolución de los condenados, a excepción del de Correa, que ha solicitado la rebaja de su condena.

Además, han alegado que el proceso sufre un proceso con "tintes políticos" que está "envenenado" por unas grabaciones ilegales realizadas por el exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas.

Sin embargo, al igual que el fiscal, también se ha opuesto a los recursos de los condenados el letrado de la acusación ejercida por el PSOE, que ha reclamado que el Supremo confirme la sentencia del TSJCV que condenó a once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

"Trama criminal"

El TSJCV les condenó por irregularidades en los contratos firmados entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de esta comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Para el fiscal hay pruebas para confirmar la sentencia del TSJCV que declaró probado que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat Valenciana para ejecutar los contratos de representación en Fitur amañados.

El fiscal ha destacado que los acusados integraban "una trama criminal permanente y reiterada en el tiempo que se dedicó a saquear las arcas públicas de la Comunidad Valenciana y probablemente de otros lugares de España".

Ha añadido que en el caso de Fitur fueron "adjudicaciones dirigidas desde el principio por los miembros de la trama de tal forma que los funcionarios públicos elaboraban los pliegos de contratación en función de las indicaciones de los integrantes" del grupo de empresas de Correa.

"Es mucho más que una mera irregularidad administrativa o una desviación de poder ya que hay una alteración completa y una perversión del procedimiento que se cambió únicamente para conseguir que las adjudicaciones fueran solo para" la trama, ha abundado el fiscal Javier Zaragoza.

Ha subrayado que "la Agencia Valenciana de Turismo fue un servicio público que durante años estuvo en manos privadas y que estaba neutralizada por la penetración de la trama, que se apropió del desarrollo de la función pública", lo que "causó un daño irreparable para la Administración".

"Tintes políticos"

El abogado de Correa y de Cándido Herrero, Juan Carlos Navarro, ha alegado que se trata de "un caso con tintes políticos y consecuencias mediáticas importantes que se ha convertido en un procedimiento con muchas irregularidades".

Ha recordado que el Tribunal Supremo apartó de la carrera judicial a uno de sus instructores, Baltasar Garzón, por autorizar las escuchas entre abogados y acusados en la cárcel que luego sirvieron para que la Policía elaborara informes aportados como prueba a la causa.

Por su parte la abogada Margarita Crespo, hija y defensora de Pablo Crespo, ha señalado que el procedimiento tiene su origen en unas grabaciones ilegales que efectuó José Luis Peñas vulnerando el derecho a la intimidad y no transcritas íntegramente.

"Peñas plantó la semilla de la planta de la cicuta, un puro veneno, y con ese árbol trabajó la Policía, la Fiscalía y los jueces instructores del procedimiento", ha argumentado.

Ha añadido que en un Estado de derecho no se puede obtener justicia a cualquier precio y que confía en que el tribunal se abstraerá de la presión mediática sobre este caso, "la más alta sobre un caso judicial que ha habido en España".