La cúpula de los Mossos revisó 11.000 actas tras el 1-O

La jefatura de los Mossos d'Esquadra revisó a posteriori las más de 11.000 actas que sus agentes desplegados el 1-O en Catalunya rellenaron sobre su actividad en la jornada del referéndum, previamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y cuya celebración, según mandato judicial, tenían que haber impedido o tratado de impedir. Fue el comisario Joan Carles Molinero, de la Comisaría Superior de Coordinación Central (CSUCOC), quien expuso en una reunión de mandos de la policía autonómica celebrada el 13 de octubre que se había tenido que hacer un "esfuerzo ingente" para "revisar" ese número de actas confeccionadas, dado que evidenciaban en muchos casos "falta de supervisión, contenidos insuficientes, falta de información" y "algunas actitudes poco profesionales".

Este dato sale a la luz después de que la Guardia Civil haya volcado y analizado los correos electrónicos del exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, desde agosto del 2017 hasta la fecha en que fue cesado. En el informe en que se recogen esos 'e-mails', al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se incluye la transcripción de lo dicho en esa reunión de la cúpula policial catalana. Allí, el mayor expresa su orgullo por la labor realizada. "Hemos hecho lo que debíamos hacer y lo que queríamos hacer. No nos podemos permitir que dirijan nuestras actuaciones", llega a decir, sin dejar de comentar lo que opina de los pasos que en ese momento ya se han dado en los tribunales, y que le terminarán afectando. "Hay que tener en cuenta que una posible DUI [declaración unilateral de indepedencia] los atemorizaba, por lo incierto del futuro. Y como elemento humano provoca miedo en la judicatura, que condiciona sus actuaciones y que, en parte, nosotros pagamos", dijo.

Los vídeos y la sedición

En todo caso el tema principal de aquella cita fue la revisión de las actas. ¿Por qué era necesario ese sobreesfuerzo días después de la consulta? Porque todas esas actuaciones, según relató Molinero ante sus compañeros, iban a ser "analizadas por la judicatura", lo que a su entender obligaba a supervisar la documentación. Y por si a alguno de los presentes le quedaba duda del objetivo de la revisión general, tomó la palabra Trapero: "Debéis ser conscientes y tener muy presente que con 10 ejemplos de actos o vídeos de actuación poco rigurosa, desde la Guardia Civil y Fiscalía construyen un delito de sedición". A día de hoy él está imputado por posible sedición en los sucesos del 20 de septiembre en Barcelona, a raíz de las detenciones y registros de la operación Anubis y por el dispositivo policial desplegado el 1-O.

En ese contexto, y siempre según lo recogido en esa acta de la reunión que ahora está depositada en la Audiencia Nacional, Trapero instó a los mandos presentes en ese 'briefing' a no poner facilidades [se entiende que a la Guardia Civil y los fiscales] y pedía no delegar la supervisión de esas actas, sino ejercer un control personal de forma "exhaustiva". Reclamó atención en los detalles, en la redacción, en la construcción y rigor de cualquier documento que saliese de los Mossos hacia el exterior. Consideró oportuno el mayor en ese momento indicarles también que no se trataba de la repercusión personal que pudieran tener los máximos responsables del cuerpo policial, sino de la "voluntad de anular" a la policía autonómica. De hecho, en el preámbulo de la reunión había sostenido que "la imagen dada de gestión y liderazgo" en los atentados de Barcelona había provocado una campaña de "hostilidad y amenaza" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia los Mossos.

En cualquier caso, era obvio que el tema de la asunción de responsabilidades ya preocupaba, como demostraría también que el 18 de septiembre el sindicato USPAC (Unión Sindical de la Policía Autonómica de Catalunya) enviara un correo al mayor, que a su vez se reenvió a Ferran López, en el que exhibía su inquietud porque se hubieran revisado actas y ordenado hacer informes a todos los participantes en el despliegue, finalizado el dispositivo del 1-O, garantizando "que no eran para entregarlo a la autoridad judicial", algo de lo que no se fiaban.

Recordaba el sindicato que el modelo de acta utilizado se había elaborado desde la jefatura y que, además, en el último Consejo de la Policía, tanto el entonces 'conseller' Joaquim Forn como Trapero habían dicho que aceptarían las responsabilidades –el primero, políticas, y el segundo, respecto a las órdenes como policía judicial–, en caso de que les fueran exigidas. En esa misiva de la entidad sindical se daba otro dato relevante: además de órdenes por escrito, hubo órdenes verbales respecto al 1-O. Finalmente esa carta, que firma David Lijarcio Cobo, solicitaba que se dejara sin efecto el requerimiento de elaborar nuevos informes y minutas policiales una vez pasado el 1 de octubre, haciendo hincapié en que ya había en curso una investigación judicial y podrían estarse vulnerando todas las garantías de defensa de los agentes individuales.

"Relato" de los otros

Antes de que llegase esa carta a manos de Trapero ya se habían enviado fichas a cada comisaría básica para que, sobre ese soporte, se explicasen las actuaciones previas y durante el 1-O realizadas en cada centro de votación. Se reclamaba con énfasis desde la dirección de los Mossos que se añadiese si la Guardia Civil y Policía que habían actuado en alguno de los colegios les había requerido, ya que ellos sí lo habían incluido en sus atestados y ese dato era "muy importante".

En aquella reunión interna de jefes policiales del 13 de octubre, Trapero recalcó que Policía y Guardia Civil construyeron "un relato" de que los Mossos no querían hacer nada el 1-O. Y que lo habían hecho con vídeos. Así que demandó que se estudiasen esos vídeos y se contrastaran con las actas y que, si en alguna se detectaba algún comportamiento que no se ajustase a las directrices que él había dado, el caso debía llevarse a asuntos internos, sin descartarse la vía judicial para los agentes.