La jueza Lamela avala que un solo tribunal investigue la causa soberanista

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no tiene duda. Las dos causas abiertas por rebelión, sedición y malversación, una en la Audiencia y otra en el Tribunal Supremo (TS), deben investigarse conjuntamente, porque los exmiembros del Govern y los de la Mesa del Parlament, junto a las organizaciones soberanistas, formaban una "compleja y heterogénea organización", en la que, "en ejecución de un plan preconcebido", pretendían lograr la secesión de Catalunya y proclamar una república independiente. La magistrada, que no incluye el delito de rebelión en el listado con el que tipifica las conductas investigadas aunque así figura en la causa, no se pronuncia expresamente sobre a qué tribunal le correspondería la investigación, pero al haber aforados, el único que podría asumir la instrucción conjunta que propone es el Supremo.

En el informe remitido al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, la instructora de la causa en la Audiencia sostiene que los querellados, junto con otros investigados, llevaron a cabo una estrategia "perfectamente coordinada, con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles". Por ello, para que la investigación llegue a buen puerto, "debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada investigado y los delitos" cometidos.

Con la conclusión de la jueza, la oposición de la fiscalía a la acumulación de causas queda en segundo plano, aunque la última palabra la tendrá Llarena. Sería muy difícil que ahora no acumulara ambas causas, teniendo en cuenta que él mismo le pidió, con ese objetivo, un informe. En este caso, entre sus primeras actuaciones estaría tomar declaración a los exmiembros del Govern encarcelado por Lamela, momento en el que podría revisar su situación.  

Organigrama

El organigrama de la "organización criminal" que describe la jueza incluye el ámbito legislativo, con la Mesa del Parlament; el ejecutivo, con el Govern, y la sociedad civil, con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, pero también a asesores e ideólogos, a los que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. También cita a los Mossos, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y el Diplocat. 

Lamela pormenoriza lo hecho desde las elecciones catalanas del 2015, según la hoja de ruta secesionista, que recogía el papel de cada actor en un plan que pasaba por crear un marco legislativo inconstitucional y las estructuras necesarias para el nuevo Estado hasta llegar a la convocatoria del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras el Parlament daba apariencia de legalidad a las distintas etapas del "proceso de desconexión", los líderes de las asociaciones independentistas movilizaron a las masas para crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado. Así propiciaban y justificaban la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos, según los fines secesionistas. La ANC y Òmnium "actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por el Govern favoreciendo movilizaciones como las de los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre", señala. 

Pasividad y contravigilancias

En la estrategia "resultaba esencial la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos, cuerpo integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo" que ello representa. La jueza entiende que se les ha utilizado "al servicio de los intereses secesionistas", tanto con su pasividad el 1-O como en "actuaciones de espionaje a la Policía y Guardia Civil y contravigilancias a miembros de la organización en el curso de investigaciones judiciales". 

La jueza insiste en que para llevar adelante el "acto delictivo" del 1-O se utilizaron fondos públicos, pese al veto del Constitucional, y diga lo que diga la Intervención General de la Generalitat, que sostiene que solo se destinó una pequeña cantidad.