La fiscalía se opone a que la causa por rebelión vaya al Supremo antes del 21-D

La fiscalía considera prematuro pronunciarse sobre la acumulación de las causas por rebelión antes del 21-D y de momento mantiene el criterio que el 30 de octubre le llevó a interponer dos querellas, una ante el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament y otra ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de miembros del depuesto Govern.

El ministerio público recuerda que hasta el resultado que arrojen esas elecciones solo los miembros de la Mesa del Parlament, salvo Joan Josep Nuet, son aforados, por lo que informará al magistrado del alto tribunal Pablo Llarena en contra de incorporar a su causa por rebelión, sedición y malversación la que la jueza Carmen Lamela tiene abierta por los mismos delitos en la Audiencia Nacional.

La magistrada, por su parte, ya ha remitido al TS los "aspectos fácticos, procesales e investigativos" del procedimiento que abrió por sedición contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís TraperoJosep Lluís Trapero; la intendente Teresa Laplana; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ahora expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) y candidato de Junts per Catalunya al 21-D Jordi Sànchez. A este procedimiento acumuló la querella por rebelión presentada contra el Govern.

Según la fiscalía, ambas causas "gozan de sustantivilidad propia" para ser instruidas por separado, aunque estén relacionadas con la celebración del 1-O y la declaración de independencia. Será Llarena quien tenga la última palabra sobre la acumulación de causas, si entiende "inescindibles" los hechos investigados en ambas.

Doble instancia judicial

La fiscalía basa su negativa a la acumulación de procedimientos en la "evitación de una macrocausa" y en que no se puede privar a los no aforados de la posibilidad de disfrutar de una doble instancia judicial, circunstancia por la que España ha sido condenada reiteradamente por la justicia europea. Los condenados por el TS no cuentan con la opción de que se revise su situación más allá de con el amparo del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, se remite al principio de unidad de actuación de la fiscalía para propiciar una aplicación uniforme de la ley en ambos órganos judiciales.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ya ha remitido al Supremo la causa en la que se investigaba a la Mesa del Parlament por desobediencia, prevaricación y malversación, a raíz de las deducciones de testimonio realizadas por el Constitucional al ver desoídas sus resoluciones reiteradamente.

Esta causa fue reclamada al tribunal superior catalán por Llarena el 9 de noviembre, el día que tomó declaración a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa.