La jueza Lamela ordena a la Guardia Civil investigar las llamadas de los imputados

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela sigue avanzando en la causa por sedición que tiene entre manos. Este viernes se ha sabido que ha reclamado a las patronales bancarias información sobre las cuentas y activos de la Assemblea Nacional Catalana (ACN) y de Òmnium Cultural, y que ha pedido a la Guardia Civil identificar el tráfico de llamadas mantenido por los cuatro imputados que hay por el momento: el mayor de los Mossos, Josep Lluís Traperolos presidentes de la ACN y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente, y la intendente Teresa Laplana.

La magistrada quiere conocer las llamadas y mensajes de texto que se cruzaron entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre para perfilar la intención de la actuación de cada uno de ellos y determinar si actuaron coordinadamente con algún fin. Los agentes tendrán que detallar sus contactos entre ellos o con otras personas siempre y cuando tengan relación con los hechos investigados, que, de momento, se limitan a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre con las que se entorpeció la labor de la comisión judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona a registrar, entre otras sedes, la Conselleria de Economía.

No obstante, la jueza ya ha ordenado algunas diligencias relativas al 1-O, como pedir la identificación de los mossos que formaron parte del dispositivo para impedir el referéndum ilegal. Tanto esa prueba como la de recabar información sobre las cuentas de la ANC y Ómnium fueron planteadas en el juzgado por la fiscalía, pero ya aparecían en el último atestado de la Guardia Civil sobre la actuación de los Mossos incorporado a la causa.

A bancos y cajas

La jueza, que ya ha notificado a la Generalitat la imputación de Trapero "a los efectos oportunos", se ha dirigido a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para conocer cualquier información de la que dispongan a través de sus asociados sobre cuentas, depósitos o cualquier otro activo que conste a nombre de las entidades soberanistas, un paso imprescindible cara a una futura actuación contra ambas.