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VÍSPERA DEL 1-O

El Gobierno cree cumplida su misión y mejorada respecto al 9-N

Méndez de Vigo da por anulada la consulta tras la intervención del sistema informático

El PP dice aceptar una nueva etapa de diálogo si se convocan elecciones catalanas

Gemma Robles / Ángeles Vázquez / Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario.  / JOSÉ LUIS ROCA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros extraordinario. 
La Guardia Civil se persona en el CESICAT para impedir el voto y el recuento electrónico.

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El Gobierno llega al 1-O con la autoestima alta. "Este referéndum es ilegal y ha sido anulado por el Estado de derecho", subrayó este sábado con satisfacción su portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. Además de otorgarle a la consulta su particular descansa en paz, el también titular de Educación se congratulaba por el último movimiento judicial hecho para tratar de convertir el referéndum en quimera: la intervención de la Guardia Civil en el Centro Tecnológico y Telemático de Catalunya a fin de garantizar el bloqueo del sistema informático y, por tanto, impedir un posible recuento de sufragios o un sistema de voto telemático, alternativo al de las perseguidas urnas tradicionales. Es obvio que los ministros populares dan por cumplida la misión. Indiscutible resulta que esta vez el poder ejecutivo –con aval de PSOE y Ciudadanos- y el resto de poderes del Estado han echado el resto para que la consulta devenga en frustración. La batalla se ha dado con fuerza y se han desplegado más instrumentos que en el 9-N del 2014.

Esta vez no ha actuado solo el Tribunal Constitucional (de guardia por lo que pudiera ocurrir). La fiscalía de José Manuel Maza, a diferencia de hace tres años, se ha empleado a fondo: ha abierto diligencias a más de 700 alcaldes, ha impulsado una denuncia por sedición y ha redactado instrucciones para las fuerzas de seguridad. Eso, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le tuvo que recordar que el proceso hacia el 1-O está ya judicializado. Además, este sábado se reunió de urgencia el Consejo General del Poder Judicial para reclamar a Carles Puigdemont que se ponga a disposición de los tribunales de guardia lo necesario para que el domingo puedan funcionar desde las ocho de la mañana, tal y como demanda el TSJC. Se recuerda que no hacerlo puede tener responsabilidad penal.

La BBC pone contra las cuerdas al ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. / YOUTUBE (BBC)

El 155 y la comisión territorial

En el terreno político, han convivido meses las advertencias a los independentistas con las reuniones de los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. No han dado fruto. De poco sirvieron esos 4.200 millones en infraestructuras que se anunciaron en abril para Catalunya. La relación es complicadísima. Las arcas de la Generalitat están intervenidas por Hacienda, sin que se descarte el uso del artículo 155 de la Constitución o de la ley de seguridad nacional si la Declaración de independencia llegase a hacerse realidad.

El Ejecutivo del PP aguarda ya al 2-O. Da por reventado el referéndum y se prepara para reclamar la dimisión de Puigdemont, además de unas elecciones que le proporcione nuevos interlocutores porque, dicen, son conscientes de que algo habrá que hacer próximamente. De entrada, han cedido a sentarse en la comisión territorial que el PSOE ha impulsado en el Congreso.

Pero eso está aún por ver. Los populares siguen quietos y dejan la responsabilidad fundamental en manos de togados. Una estrategia vista con recelo por los socialistas, que miden sus críticas, y arengada por Ciudadanos. Podemos y otros grupos de izquierda la rechazan de plano y alertan a Rajoy de los efectos colaterales, en la línea de centenares de ciudadanos que, aun no apostando por la secesión, salen a las calles, especialmente en Catalunya, para secundar la tesis de que se ha llegado a algo similar a un estado de excepción.

Los conservadores son conscientes de que se encuentran en el centro de esta encrucijada de opinión pública, pero enfatizan que han hecho "lo que había que hacer".