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EL ÓRDAGO SOBERANISTA

La Audiencia Nacional investigará por sedición las protestas por el 1-O

La jueza Lamela pide a la Guardia Civil el atestado de lo ocurrido los días 19 y 20 en Barcelona

La magistrada entiende que no toda sedición es competencia de la Audiencia, pero sí la encaminada contra la forma de gobierno

Ángeles Vázquez / Madrid

La grúa se lleva los vehículos de la Guardia Civil de la Conselleria de Economia atacados durante la protesta por las detenciones.

La grúa se lleva los vehículos de la Guardia Civil de la Conselleria de Economia atacados durante la protesta por las detenciones. / FERRAN SENDRA

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que se cometió un delito de sedición durante las protestas vividas en Barcelona los días 19 y 20, tras los arrestos y registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de esa ciudad. Por eso ha admitido a trámite la denuncia de la fiscalía y ha pedido a la Guardia Civil un atestado sobre lo ocurrido para identificar a sus responsables.

La magistrada explica que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, pero sí los que atentan contra la forma de Gobierno, que la Ley Orgánica del Poder Judicial encomienda a este tribunal con independencia de que la sedición se incluya en el Código Penal junto a los relativos al orden público.

El auto señala que, según la Fiscalía, "la finalidad última" de las movilizaciones que se produjeron en las sedes registradas e impedieron abandonarlos a la comisión judicial que realizaba la diligencia era "conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España". Por eso lo ocurrido en las protestas debe ser investigado en la Audiencia.

Franquismo y declaraciones soberanistas

La magistrada recuerda las dos resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con la rebelión y la sedición. La primera negó la competencia de este tribunal ante el intento del entonces juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes del franquismo, pero la segunda se refería a las distintas denuncias presentadas en 2015 por la fiscalía contra los ayuntamientos que suscribieron la declaración soberanista, anulada por el Tribunal Constitucional. 

En diciembre de 2015, ella misma rechazó, al no apreciar delito, la denuncia que le correspondió. Pero no lo hizo por falta de competencia de la Audiencia Nacional, porque ella "fue asumida por todos los juzgados y no se planteó cuestión alguna" en este sentido ni por ellos ni por la propia Sala de lo Penal. 

La denuncia por sedición de la fiscalía no se dirigía contra nadie, pero señalaba, y la juez lo recoge en su auto, la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para desde allí pedir que la protesta continuara.

El escrito relataba cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la 'Conselleria' de Economia.