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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

La ley de desconexión reaviva los recelos entre el PDECat y ERC

Los posconvergentes se inclinan por aparcar la norma hasta después del referéndum unilateral y los republicanos se resisten

Los cargos podrían ser acusados de sedición y exponerse a penas incluso de cárcel

Fidel Masreal Xabi Barrena

El ’president’ Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, en una reunión del Consell Executiu.

El ’president’ Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, en una reunión del Consell Executiu. / EFE / TONI ALBIR

Nervios, recelos y dudas en el seno del Govern y de la coalición que lo sustenta en el Parlament, Junts pel Sí, sobre la cobertura legal del referéndum unilateral de independencia y de la ruptura con España. El PDECat y ERC mantienen abiertas sus discrepancias sobre cómo llevar a cabo la ley de desconexión del Estado y la norma que deberá regular el referéndum. Según fuentes del Ejecutivo catalán, los posconvergentes desean dejar para después de la consulta, en caso de victoria del 'sí', la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y sacar adelante, en septiembre, tan solo la norma que ampararía la votación del 1 de octubre. En cambio, los republicanos, junto con Carles Puigdemont (que es un verso libre) y las entidades soberanistas expresan su deseo de aprobar ambos proyectos antes del 1-O.

Lo que parece claro es que, sea de un modo u otro, habrá desconexión, o al menos un "acto de soberanía" del Parlament. Si finalmente se optara por tramitar ahora solo la ley del referéndum, esta debería contener sí o sí un elemento de ruptura y, a la vez, de soberanía. Es decir, una velada declaración unilateral de independencia (o secesión sectorial) encaminada a expresar que el Parlament desdeña el régimen jurídico español para organizar una consulta "vinculante".

DESOBEDIENCIA O SEDICIÓN

Uno de los motivos para la duda, según señalan varias fuentes, es el pavor a la posible reacción del Estado. Entienden los independentistas que una ley de transitoriedad podría acarrear la acusación de sedición, en tanto que supone vulnerar el artículo 2 de la Constitución, que establece la soberanía nacional, mientras que ceñirse al referéndum tan solo podría ser considerado como una desobediencia. La sedición, evidentemente, puede conllevar penas muy duras de cárcel, mientras que la desobediencia supone solo inhabilitación.

Este es el punto que reaviva los tradicionales recelos de ERC (y también de la CUP) con los posconvergentes. Y estos con Esquerra, porque creen que tratan de dinamitarlo todo para ir a elecciones. Todo ello se abordó el pasado martes en una reunión en el Palau de la Generalitat, bajo las órdenes del 'president' Puigdemont y del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y con representantes de los partidos. No se cerró ningún acuerdo y todo se mantiene en el aire.

LA LEGALIDAD, SEGÚN EL PDECAT

En las reuniones del PDECat con sus bases, la consigna ante las semanas decisivas es la siguiente: "Llegar al tramo final con la máxima gente posible a nuestro lado". Lo afirma Lluís Corominas, vicepresidente primero de la Mesa del Parlament. "Si cometemos errores innecesarios no llegaremos hasta el final", sostiene. Su consejo insistente es: "Mucha seriedad en el tramo final, mucha cabeza fría, hemos de poder votar, no hay atajos". Y dar pasos, añade, "de forma civilizada".

Precisamente sobre la cobertura legal del referéndum, la directora general de coordinación jurídica del Govern, Dolors Feliu, explicó el martes en una intervención ante las bases del PDECat que la estrategia pasa por mantener en todo momento la legalidad y las actuaciones ordinarias del Govern, incluso en la compra de urnas, aunque se sepa que son para el referéndum no acordado.

"Actuaciones como la famosa compra de urnas, que se enmarca en el referéndum, se justifican en la legalidad ordinaria vigente, con lo cual no hemos cometido ninguna ilegalidad, sin perjuicio de que mañana haya otra legislación que nos permita hacer un referéndum, a la que nos podamos acoger", argumenta Feliu.

DE LEY A LEY

Eso sí, el paraguas legal del referéndum es uno de eso cubos de Rubik a los que el 'procés' nos tiene acostumbrados. Si se quiere ir de legalidad a legalidad, hay que efectuar una desconexión del entramado jurídico español porque este no acepta un referéndum como el que se propone. Eso es lo que afirma el artículo primero de la ley de transitoriedad. Si por evitar ser acusados de sedición, los independentistas posponen la ley, y con ella la de la hacienda catalana y la de la seguridad social, la propia ley del referéndum deberá decir algo parecido, es decir, algo igualmente ‘sedicioso’. 

Sobre la hacienda hay hasta cuatro leyes del código tributario. La primera, en que se agotan las competencias autonómicas, es la que el PSC Catalunya Sí que es Pot han llevado ya al Consell de Garanties Estautàries. Las otras tres leyes abordan las competencias de un estado independiente, por ejemplo, el control de las aduanas. Por tanto, no puede aprobarse sin que medie, previamente, la entrada en vigor de la ley de transitoriedad.