EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA
La ley de desconexión reaviva los recelos entre el PDECat y ERC
Xabi Barrena
Periodista
Periodista de la sección de Política
Fidel Masreal
Periodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM-El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
XABI BARRENA / FIDEL MASREAL/ BARCELONA
Nervios, recelos y dudas en el seno del Govern y de la coalición que lo sustenta en el Parlament, Junts pel Sí, sobre la cobertura legal del referéndum unilateral de independencia y de la ruptura con España. El PDECat y ERC mantienen abiertas sus discrepancias sobre cómo llevar a cabo la ley de desconexión del Estado y la norma que deberá regular el referéndum. Según fuentes del Ejecutivo catalán, los posconvergentes desean dejar para después de la consulta, en caso de victoria del 'sí', la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y sacar adelante, en septiembre, tan solo la norma que ampararía la votación del <strong>1 de octubre</strong>. En cambio, los republicanos, junto con Carles Puigdemont (que es un verso libre) y las entidades soberanistas expresan su deseo de aprobar ambos proyectos antes del 1-O.
Lo que parece claro es que, sea de un modo u otro, habrá desconexión, o al menos un "acto de soberanía" del Parlament. Si finalmente se optara por tramitar ahora solo la ley del referéndum, esta debería contener sí o sí un elemento de ruptura y, a la vez, de soberanía. Es decir, una velada declaración unilateral de independencia (o secesión sectorial) encaminada a expresar que el Parlament desdeña el régimen jurídico español para organizar una consulta "vinculante".
DESOBEDIENCIA O SEDICIÓN
Uno de los motivos para la duda, según señalan varias fuentes, es el pavor a la posible reacción del Estado. Entienden los independentistas que una ley de transitoriedad podría acarrear la acusación de sedición, en tanto que supone vulnerar el artículo 2 de la Constitución, que establece la soberanía nacional, mientras que ceñirse al referéndum tan solo podría ser considerado como una desobediencia. La sedición, evidentemente, puede conllevar penas muy duras de cárcel, mientras que la desobediencia supone solo inhabilitación.
Este es el punto que reaviva los tradicionales recelos de ERC (y también de la <strong>CUP</strong>) con los posconvergentes. Y estos con Esquerra, porque creen que tratan de dinamitarlo todo para ir a elecciones. Todo ello se abordó el pasado martes en una reunión en el Palau de la Generalitat, bajo las órdenes del 'president' Puigdemont y del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y con representantes de los partidos. No se cerró ningún acuerdo y todo se mantiene en el aire.
LA LEGALIDAD, SEGÚN EL PDECAT
En las reuniones del PDECat con sus bases, la consigna ante las semanas decisivas es la siguiente: "Llegar al tramo final con la máxima gente posible a nuestro lado". Lo afirma Lluís Corominas, vicepresidente primero de la Mesa del Parlament. "Si cometemos errores innecesarios no llegaremos hasta el final", sostiene. Su consejo insistente es: "Mucha seriedad en el tramo final, mucha cabeza fría, hemos de poder votar, no hay atajos". Y dar pasos, añade, "de forma civilizada".
Precisamente sobre la cobertura legal del referéndum, la directora general de coordinación jurídica del Govern, Dolors Feliu, explicó el martes en una intervención ante las bases del PDECat que la estrategia pasa por mantener en todo momento la legalidad y las actuaciones ordinarias del Govern, incluso en la <strong>compra de urnas</strong>, aunque se sepa que son para el referéndum no acordado.
"Actuaciones como la famosa compra de urnas, que se enmarca en el referéndum, se justifican en la legalidad ordinaria vigente, con lo cual no hemos cometido ninguna ilegalidad, sin perjuicio de que mañana haya otra legislación que nos permita hacer un referéndum, a la que nos podamos acoger", argumenta Feliu.
DE LEY A LEY
Eso sí, el paraguas legal del referéndum es uno de eso cubos de Rubik a los que el 'procés' nos tiene acostumbrados. Si se quiere ir de legalidad a legalidad, hay que efectuar una desconexión del entramado jurídico español porque este no acepta un referéndum como el que se propone. Eso es lo que afirma el artículo primero de la ley de transitoriedad. Si por evitar ser acusados de sedición, los independentistas posponen la ley, y con ella la de la hacienda catalana y la de la seguridad social, la propia ley del referéndum deberá decir algo parecido, es decir, algo igualmente ‘sedicioso’.
Sobre la hacienda hay hasta cuatro leyes del código tributario. La primera, en que se agotan las competencias autonómicas, es la que el PSC y Catalunya Sí que es Pot han llevado ya al Consell de Garanties Estautàries. Las otras tres leyes abordan las competencias de un estado independiente, por ejemplo, el control de las aduanas. Por tanto, no puede aprobarse sin que medie, previamente, la entrada en vigor de la ley de transitoriedad.
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