El Govern activa el mecanismo para la compra de urnas para el referéndum

El Govern de Carles Puigdemont ha activado el proceso para comprar 8.000 urnas para el referéndum. Lo anunció la semana pasada y este martes el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado el acuerdo marco mediante el que abre la licitación a todas aquellas empresas que deseen suministrar este material imprescindible para organizar cualquier votación. Es decir, el Ejecutivo catalán realiza ahora un cribaje de las firmas en disposición de proveer 8.000 urnas para comprarlas rápidamente cuando así lo decida. El Govern también fija un plazo de vigencia de 48 meses para el suministro desde la formalización del acuerdo con la empresa elegida. La licitación la hace la Conselleria de Governació, pero será el Govern el que dará la orden de compra.

Según figura en el acuerdo publicado en el DOGC, el concurso, abierto y por tramitación ordinaria, es para el suministro de urnas en 2 lotes: un lote de urnas electorales transparentes y otro lote de urnas de cartón. El presupuesto conjunto máximo previsto es de 200.000 euros, de los que 184.000 serían para las urnas transparentes, y 16.000 euros para las urnas de cartón.

El texto enumera las leyes a las que se acoge el acuerdo marco y subraya que el concurso es para urnas a utilizar en elecciones al Parlament, consultas populares y otras formas de participación ciudadana: "Acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, en el marco de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG); la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006; la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum; la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, y la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum".

Frente a las críticas que estos días ha recibido el Govern por este paso anunciado, el Ejecutivo catalán sostiene que no hay ninguna ilegalidad en esta decisión, avanzándose así a la eventual actuación del Ejecutivo central del PP. En todo caso, decide adquirir urnas en lugar de usar las que le cede el Estado para determinadas convocatorias electorales. Tampoco opta por la vía que se decidió para el proceso participativo del 9-N del 2014, cuando el Ejecutivo de Artur Mas encargó a los presos del centro penitenciario de Lleida la elaboración de urnas de cartón. Lo hizo con tiempo suficiente para que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar el proceso participativo llegara una vez elaboradas las urnas.