Los retos (¿insalvables?) del RUI

Tras el 9-N del 2014 -un proceso participativo que distó mucho de ser un referéndum, como advirtieron previamente diversos expertos y admitieron muchos partidos a posteriori- organizar una consulta vinculante con la previsible oposición del Estado Estado generará numerosas dificultades logísticas, legales y de participación. "Hay que asegurarse de que no daremos saltos al vacío, garantizar la seguridad jurídica y la sucesión ordenada de administraciones", ha advertido en más de una ocasión el comisionado del Govern para la transición nacional, Carles Viver Pi-Sunyer.

Los soberanistas más críticos con esta vía creen que un RUI sería solo un ejercicio "de onanismo" que ni recogería los votos de los contrarios a la independencia ni tendría efecto político alguno a escala estatal o exterior más allá de volver a excitar al independentismo. La alternativa, dicen, es volver a convertir unas elecciones en un plebiscito constituyente.

La CUP asegura que el RUI no será una "línea roja" para apoyar la cuestión de confianza

Una tercera vía la constituyen los escépticos que observan una parte positiva de este reto: volver a poner el referéndum en el centro del debate.Creen que el RUI solo persigue ser impugnado, y tras ello lograr apoyos internacionales y convocar entonces unas nuevas elecciones en las que el soberanismo busque superar el 50% de los votos a favor de la independencia.

Competencias: "Al Estado no le cogerán desprevenido"

El Constitucional ha dejado muy claro en su sentencia sobre el 9-N que el Govern no puede convocar una consulta sobre la independencia porque las autonomías únicamente pueden consultar cuestiones referidas a sus atribuciones. El Govern intentó defender que el 9-N era de hecho una consulta sobre la capacidad de proponer una reforma constitucional, que sí forma parte de las atribuciones autonómicas. Pero el argumento no coló. Y la conclusión de todo ello es que un referéndum en Catalunya será automáticamente calificado de inconstitucional y si el Govern sigue adelante lo hará de forma unilateral sin contar con cobertura legal española "y al Estado esta vez no le cogerán desprevenido", afirma una persona directamente conocedora del 9-N.

Censo: El dilema sobre si usar o no usar el padrón

El Govern sostiene que este no es el principal escollo. Está en estudio cómo hacer viable un censo operativo, es decir, sin vulnerar la ley de protección de datos. El Estado dispone del censo y es cada autonomía la que solicita que se le transfiera cada vez que se celebran comicios. En el sucedáneo del 9-N, el registro de votantes se confeccionó sobre la marcha con la dirección que consta en el DNI y con una jugada de los estadísticos del Govern: en cada ordenador solo constaban los datos de la zona del colegio electoral en el que se ubicaba. Era imposible repetir votación y sólo se podía encender con una clave y una sola vez. Es decir, a medida que los ciudadanos votaban.

La intención inicial era usar los datos del Idescat sobre el registro de población. La Autoridad Catalana de Protección de Datos notificó en un juicio en el 2014 que, según la ley de bases de régimen local, el padrón municipal puede ser comunicado a otra administración "si es necesario para poder ejercer las competencias respectivas". El fiscal de ese juicio defendió la tesis contraria. El PP exigió a sus alcaldes que no cedieran los datos. El PSC solo se mostró dispuesto a entregarlos si la petición se amparaba en una ley estatal.

Funcionarios: Reclutar un batallón de insumisos

Es uno de los problemas clave. En el 9-N el Govern trató de dejar todo el proceso atado -urnas, contacto con colegios electorales, dispositivo informático- antes de que llegara la más que previsible suspensión del TC y afirmar que todo estaba en manos de voluntarios. Esta vez debería contar con un equipo de decenas de servidores públicos que dieran una pátina de legitimidad al procedimiento. En especial, en municipios gobernados por partidos contrarios al referéndum y, sobre todo, a la vía unilateral. El sucedáneo de consulta congregó a 30.231 voluntarios, según datos del Govern. De los cuales, 6.210 eran funcionarios. Pero el sindicato CSIF-Catalunya recomendó a los servidores públicos que exigieran por escrito cualquier orden que recibieran.Y la noche del 8 al 9 de noviembre hubo numerosas bajas de funcionarios. Su ausencia fue suplida por voluntarios. De hecho, el Govern contaba ya con que en algunos colegios no sería posible abrir la persiana. El actual Ejecutivo trabaja en el estudio de la cantidad de funcionarios voluntarios que se requerirían. Sería algo así como un batallón insumiso reclutado para estar dispuesto a ser inhabilitado por el Estado.

Mecanismos de control: El peligro de ser parcial

Un referéndum unilateral generaría dudas sobre qué catedráticos y expertos se apuntarían a formar parte de la necesaria comisión de control (el equivalente a la junta electoral de las elecciones) que debería controlar el referéndum. A ello añádase la comisión de seguimiento y la constitución de las mesas electorales por sorteo. ¿Qué catedrático pondría su prestigio al servicio de un acto ilegal, según las normas del Estado en vigor? Solo los convencidos de las bondades del soberanismo. Lo cual equivale a dejar arbitrar un Barça-Madrid a un forofo culé. Jordi Matas, catedrático propuesto para formar la comisión de control, se desvinculó del proceso participativo del 9N precisamente por falta de garantías democráticas

Presupuesto: Una exigencia de la CUP impugnable

La Generalitat consignó 5 millones de euros para "procesos electorales" en el 2014. Habría que decidir qué cantidad asignar ahora -algo que la CUP exigirá que figure en los presupuestos del 2017- y contar con una posible impugnación como mínimo por parte del PPC, que ya logró que el Consell de Garanties tumbara cinco enmiendas de CiU y ERC a la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2015 por incluir partidas vinculadas a estructuras de Estado

Mesas electorales: Multiplicar el despliegue del 2014

En el 9-N, el número de mesas electorales fue absolutamente insuficiente para dar cobertura a una consulta homologable a unas elecciones. Fueron 6.430 mesas ubicadas en 1.255 locales de votación. Un ejemplo: en Barcelona la consulta inicial preveía 1.331 locales, que se redujeron a 222. En los municipios gobernados por partidos contrarios al soberanismo, el reto sería doble.

Legitimidad internacional: El principal reparo de Artur Mas

Es una de las obsesiones del 'expresident' Artur Mas a la hora de mostrarse reticente al RUI. Se trata de poder exportar los resultados e incluso de poder invitar a observadores internacionales. Para la consulta del 9-N se contó solo con un grupo de invitados con un portavoz, Ian Duncan, eurodiputado unionista británico. El 'president' Carles Puigdemont tiene presente la clave exterior y prevé viajes significativos en fechas cercanas.